Ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca reconocer el derecho de los consumidores a reparar los bienes de su propiedad y combatir la denominada obsolescencia programada, una práctica mediante la cual algunos productos son diseñados para reducir de manera intencional su vida útil o dificultar su reparación.

La iniciativa propone crear un régimen que garantice el acceso a repuestos, herramientas e información técnica necesaria para que los usuarios puedan reparar sus equipos por cuenta propia o elegir libremente el servicio técnico de su preferencia. Además, establece que la reparación deberá priorizarse por sobre el reemplazo del producto siempre que resulte posible.

El proyecto alcanza principalmente a electrodomésticos, equipos electrónicos y dispositivos que incorporen software o componentes digitales. Entre las obligaciones para fabricantes e importadores figura la disponibilidad de repuestos durante un período mínimo luego de que el producto deje de fabricarse. En el caso de los electrodomésticos de línea blanca, ese plazo no podrá ser inferior a diez años.

La propuesta también prohíbe distintas prácticas que dificulten las reparaciones, como bloqueos mediante software, restricciones para utilizar repuestos compatibles o mecanismos que impidan restaurar el funcionamiento de un equipo luego de una intervención técnica legítima. Asimismo, plantea que las actualizaciones de software no podrán reducir el rendimiento ni las prestaciones originales de los dispositivos.

Otro de los puntos destacados es la creación de un índice de reparabilidad que deberá exhibirse en determinados productos para informar a los consumidores sobre la facilidad de reparación, la disponibilidad y el costo de los repuestos, el acceso a información técnica y la vida útil estimada del bien.

El texto prevé además que, cuando un producto sea reparado dentro del período de garantía legal, esta se extienda por un año adicional. También declara inválidas las cláusulas que limiten la posibilidad de acudir a talleres independientes para realizar reparaciones.

La iniciativa contempla la creación de un consejo consultivo integrado por organismos públicos, universidades, asociaciones de consumidores, representantes del sector empresario y técnicos especializados, además de una plataforma pública para facilitar la búsqueda de servicios de reparación.

En caso de aprobarse, la norma incorporaría sanciones para quienes incumplan las disposiciones, que podrían incluir multas, suspensión de la comercialización de productos e incluso el retiro del mercado en los casos de mayor gravedad.