El retroceso del poder de compra volvió a reflejarse con fuerza en la economía cotidiana de los hogares argentinos. Un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que siete de cada diez personas redujeron sus gastos personales o familiares en los últimos tres meses, en un escenario marcado por la caída del consumo y la necesidad de priorizar lo esencial.

La encuesta, elaborada por el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (Cenarsecs), se realizó en todo el país entre el 12 de noviembre y el 12 de diciembre de 2025. Según los resultados, el 43% de los hogares efectuó recortes importantes en sus gastos, mientras que un 29% realizó ajustes más moderados. En contraposición, el 23% no registró cambios y apenas el 5% aseguró haber aumentado su nivel de consumo en ese período.

El informe ubica estos comportamientos dentro de un contexto general de retracción económica a lo largo de 2025. La pérdida de poder adquisitivo obligó a muchas familias a reorganizar sus presupuestos, concentrándose en bienes básicos y postergando compras consideradas no esenciales.

Brechas por género e ingresos

El impacto del ajuste no fue uniforme. El relevamiento detectó diferencias claras según el género: el 76% de las mujeres afirmó haber reducido sus gastos, frente al 66% de los varones. La brecha también se profundiza al analizar los ingresos del hogar.

Entre los sectores de mayores recursos (ABC1), solo el 38% manifestó haber hecho recortes. En la clase media, el porcentaje sube al 67%, mientras que en los segmentos de menores ingresos (D1 y D2) alcanza al 82%. Estos datos muestran que cuanto menor es el ingreso, menor es el margen para sostener el consumo frente al deterioro económico.

El estudio señala que, si bien el impacto alcanza a todos los sectores, en los hogares con menos recursos el ajuste resulta más severo y condiciona fuertemente las decisiones de compra.

Cambios en las prioridades de consumo

La reducción del gasto se tradujo en una reconfiguración de las prioridades. De acuerdo con el trabajo, los consumidores tendieron a concentrarse en productos esenciales, relegando otros rubros. Entre los más afectados por la caída del consumo se encuentran la indumentaria y las librerías, en línea con lo observado en distintos relevamientos sectoriales durante el año.

Como marco de referencia, el informe menciona datos del mercado minorista difundidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que muestran una baja interanual del 4,1% en las ventas de las pymes durante noviembre, junto con una caída mensual desestacionalizada del 9,1%.

Consumo responsable y sustentabilidad

A pesar del contexto de ajuste, el estudio destaca que una proporción significativa de los consumidores sigue considerando el impacto social y ambiental de los productos. El 75% de los encuestados indicó que tiene en cuenta estas variables al comprar alimentos y bebidas.

Dentro de ese grupo, el 46% aseguró que siempre o casi siempre evalúa estos aspectos, mientras que solo un 6% afirmó no hacerlo nunca. Nuevamente, aparecen diferencias por género: ese porcentaje asciende al 50% entre las mujeres y baja al 40% entre los varones.

Por nivel de ingresos, el patrón se invierte respecto del ajuste del gasto. El 53% de los hogares de menores ingresos dijo considerar de manera habitual los aspectos sociales y ambientales, frente al 37% de la clase media y al 26% de los sectores de mayores recursos.

Disposición a pagar un extra

El relevamiento también indagó sobre la voluntad de pagar más por productos sustentables. Cerca del 70% de los consultados respondió afirmativamente, y un 11% sostuvo que siempre prioriza este tipo de productos, aun cuando sean más caros.

Esa predisposición se refleja en experiencias concretas: el 78% afirmó haber elegido en alguna ocasión productos orgánicos o sustentables pese al mayor precio. Dentro de ese grupo, el 16% lo hace en la mayoría de sus compras y el 57% de manera ocasional.

El informe concluye que más de la mitad de los consumidores combina tres factores: conciencia sobre el impacto social y ambiental, disposición a pagar un costo adicional y antecedentes reales de consumo sustentable, incluso en un contexto de restricciones económicas.