El próximo 13 de agosto vence el plazo judicial para que Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad devuelvan al Estado los 530 millones de dólares establecidos en la sentencia. Hasta el momento, ni la expresidenta, ni Lázaro Báez ni José López realizaron el depósito en la cuenta habilitada en el Banco Nación.

De no concretarse el pago, la Justicia avanzará con la subasta pública de los bienes decomisados. No obstante, una acordada reciente de la Corte Suprema habilita una alternativa: destinar algunos de esos inmuebles a uso institucional, ya sea para el propio tribunal, el Consejo de la Magistratura o programas de utilidad social.

En el caso de Kirchner —condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta—, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron propiedades en Puerto Madero, el complejo Madero Center y otras 24 en el sur del país como activos a subastar. Parte de estos inmuebles están cedidos a sus hijos y embargados en la causa Hotesur - Los Sauces, pero los fiscales sostienen que la causa Vialidad tiene prioridad para ejecutarlos.

La acordada también prevé ceder temporalmente bienes a provincias, municipios o entidades sin fines de lucro para destinarlos a programas de educación, salud, asistencia a víctimas o contención social.

La causa, resuelta en diciembre de 2022, concluyó que durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se direccionaron de forma fraudulenta contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Báez, con un perjuicio millonario al Estado.