Se cumplen diez años de la sanción de la Ley 26.485, de protección integral contra la violencia hacia las mujeres. ¿Qué balance puede hacerse de su implementación? La norma trajo un cambio de paradigma en el abordaje de la problemática, al entenderla como una afectación de los derechos humanos y definió otras formas y modalidades más allá de la ejercida por un varón hacia su pareja o ex en el ámbito doméstico. Si en los ‘90 las mujeres se sobreadaptaban a las situaciones de violencia machista, y aguantaban los golpes, y en las comisarías, los juzgados o fiscalías se resistían a tomarles denuncias, o les pedían testigos o marcas de las trompadas, esas situaciones fueron quedando atrás.

“Los cambios en la subjetividad de las mujeres han sido muy importantes. Tienen más conciencia del peligro que corren, aunque les cueste tomar decisiones, por las dificultades económicas, de vivienda, la falta de trabajo, y el miedo por las amenazas que reciben. Están más informadas y saben que no necesitan ir golpeadas para ser escuchadas, pero lamentablemente se siguen minimizando sus relatos”, analiza Marisú Devoto, pionera en el sur del conurbano en brindar grupos de ayuda mutua a sobrevivientes de violencia de género a través de la Fundación Propuesta. Las cifras de femicidios no bajan.

En marzo, según los datos del Observatorio “Ahora que si nos ven”, se registró un femicidio cada 23 horas. ¿Cuánto ha servido la 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista? ¿Qué podría mejorarse? El martes, el Senado aprobó por unanimidad una modificación a su texto para incorporar la definición de acoso callejero como otra forma de violencia contra las mujeres, y definir una serie de políticas públicas para visibilizarla y prevenirla. Pero en diez años de aplicación, ¿cuáles fueron los aspectos positivos de la ley? ¿Y los negativos? ¿Cuáles son las deudas pendientes?