Darío Antonio Ocampo, Brian Villegas, Emiliano Gabriel Ortiz y Andrea Paola González Paduán; son cuatro internos que cumplen condena por delitos graves, que reclaman por la continuidad de sus estudios universitarios, los que cursaban en la UNTDF y en la UCES y los que se interrumpieron a partir de la pandemia Covid-19, cuando las casas de altos estudios formalizaron las clases vía online.

En virtud que el Servicio Penitenciario no les garantizaba contar con el servicio adecuado de Internet para poder seguir sus carreras, a través de sus abogados, los internos interpusieron recursos a partir de lo cual el Juez de Ejecución autorizó la salida y permanencia extraordinaria en los domicilios a fin de que prosigan con sus estudios universitarios en la modalidad online.

Pero lo resuelto por el Juez llegó a estrados del Superior Tribunal por rechazo de la Fiscalía y allí fue anulada la resolución, donde se dispuso la remisión de “las actuaciones al juzgado de origen a fin de que el magistrado que sigue en el orden de subrogancia solicite los informes pertinentes al Servicio Penitenciario y dicte un nuevo pronunciamiento”.

Al fundamentar lo resuelto, los Jueces de la Corte indicaron que “atendiendo el agravio del acusador, se verificó que no surgía que el magistrado hubiera solicitado informe alguno o realizado alguna constatación objetiva respecto de la posibilidad concreta que el Servicio Penitenciario brinde a los internos las herramientas necesarias para continuar con sus estudios en sus lugares de detención” y se consideró que “tal información resultaba imprescindible para modificar la modalidad de ejecución de la pena, y que el juez omitió producirla a pesar de haber sido oportunamente peticionada por el fiscal”.

Recurso federal

El Defensor ante el Superior Tribunal, Dr. Gustavo A. Ariznabarreta, en representación de Darío Antonio Ocampo, Brian Villegas y Emiliano Gabriel Ortiz, interpuso recurso extraordinario federal contra ese pronunciamiento, a lo cual adhirió el Dr. Raúl M. Paderne, letrado defensor de Andrea Paola González Paduán.

El Dr. Ariznabarreta tachó esa decisión de arbitraria, al considerar que “lo resuelto impide que sus asistidos continúen con el cursado de sus estudios universitarios, vulnerándose el acceso al sistema educativo” y acompañó un informe del Servicio Penitenciario de fecha 12 de junio de 2020 que descartaría la posibilidad de que los internos puedan seguir sus cursos vía online desde los establecimientos en que cumplen condena.

El Superior rechazó el recurso extraordinario, por inadmisible, al considerar que queda la instancia que un juez subrogante en el Juzgado de Ejecución, dicte una nueva sentencia respecto a la pretensión de los cuatro condenados.