La Fiscalía de Estado advirtió que el Gobierno provincial deberá regularizar el procedimiento utilizado para ascender de manera excepcional a 76 sargentos de la Policía. El planteo se refiere al Decreto 391/26, mediante el cual integrantes de la denominada “Promoción 42” fueron promovidos al grado de Sargento Primero.

La observación quedó establecida en el Dictamen 10/26, emitido el 31 de julio luego de las presentaciones realizadas por policías de la “Promoción 41”. Los agentes reclamantes señalaron que, pese a tener mayor antigüedad dentro de la fuerza, quedaron excluidos de la medida.

Los integrantes de ambas promociones habían alcanzado el grado de Sargento el 1° de enero de 2023. Sin embargo, quienes pertenecen a la Promoción 41 ingresaron a la institución el 6 de agosto de 2010, mientras que la mayoría de los efectivos beneficiados comenzó su carrera el 2 de diciembre de ese mismo año. La decisión modificó así el orden de superioridad y precedencia dentro de la estructura policial.

El organismo de control reconoció que el Ejecutivo intentó reparar una diferencia surgida durante la transición entre las leyes provinciales 735 y 834, cuando fueron modificadas las condiciones de antigüedad exigidas para ascender. También consideró que el Gobierno tiene facultades para atender situaciones excepcionales, aunque remarcó que debe respetar todas las etapas administrativas previstas por la normativa.

De acuerdo con la Ley 735, la Junta Permanente de Calificaciones debe evaluar la idoneidad y los méritos de los candidatos. Posteriormente, el jefe de Policía analiza esas conclusiones y eleva una propuesta al Poder Ejecutivo, que finalmente resuelve los ascensos. En este caso, las dos primeras intervenciones no se produjeron antes de la firma del decreto.

Para la Fiscalía, estas actuaciones no representan simples formalidades, sino evaluaciones técnicas indispensables para otorgar validez a la decisión. Por ese motivo, solicitó al gobernador que obtenga los pronunciamientos correspondientes y, una vez incorporados, determine si debe emitir un acto que ratifique, confirme o complemente los ascensos ya concedidos.

El dictamen también indicó que la situación de la Promoción 41 debe analizarse junto con la de los policías beneficiados. Según el organismo, al resolver únicamente sobre la Promoción 42 no se contempló adecuadamente el efecto de la medida sobre agentes con mayor antigüedad ni sobre el principio jerárquico que organiza la carrera policial.

No obstante, el pronunciamiento aclaró que los denunciantes no tienen garantizado un ascenso automático. La promoción a un grado superior constituye una expectativa sujeta a los requisitos legales, la evaluación de cada agente y las necesidades operativas de la fuerza.

Ahora, el Ejecutivo deberá establecer si los argumentos utilizados para beneficiar a la Promoción 42 también pueden alcanzar, de manera total o parcial, a los integrantes de la Promoción 41. Una eventual ampliación tendrá que considerar las consecuencias funcionales, técnicas y presupuestarias.