El Directorio de la Caja Previsional Policial y Penitenciaria presentó un proyecto para declarar durante dos años la emergencia económica y financiera del organismo, con la posibilidad de extenderla por un período similar. La iniciativa contempla medidas excepcionales para contener el déficit y obtener nuevos recursos.

Entre los cambios propuestos se encuentra la aplicación de un aporte extraordinario del 3% sobre los haberes de los retirados provinciales. Además, los incrementos salariales otorgados al personal activo recién serían trasladados a los beneficiarios pasivos dos meses después.

La situación más delicada corresponde al régimen compensatorio de los policías provenientes del ex Territorio Nacional. Actualmente existen solamente dos aportantes activos para sostener las prestaciones de 541 beneficiarios, una diferencia que volvió prácticamente inviable el financiamiento del sistema.

Durante la emergencia, ese haber compensatorio se calcularía únicamente sobre el 100% del Suplemento Zona Desfavorable y dejaría de incluir otros adicionales. También quedarían fuera del beneficio quienes cobran la Bonificación Zona Austral otorgada por la Caja de Retiros de la Policía Federal.

El deterioro financiero comenzó a profundizarse en 2010, cuando se incorporaron nuevos suplementos al cálculo del beneficio sin establecer recursos adicionales para solventarlos. La fragilidad del esquema fue señalada posteriormente en estudios actuariales efectuados en 2012, 2017 y 2022.

La falta de fondos ya afecta a unos 540 retirados, quienes denuncian pagos incompletos desde 2025 y demoras de hasta 15 meses. En abril, durante el tratamiento de la problemática en la Legislatura, la deuda acumulada fue calculada en aproximadamente $6.600 millones. Los atrasos derivaron en manifestaciones y presentaciones judiciales.

Para cancelar las obligaciones pendientes, la Caja tendría un plazo de 90 días para elaborar un programa de regularización de hasta 36 meses. Los beneficiarios que acepten ese esquema deberán comprometerse a no iniciar demandas o desistir de las acciones judiciales que ya se encuentren en trámite.

El proyecto también plantea la creación de un Fondo de Emergencia. Una de sus fuentes sería la recaudación del Fondo Asistencia Activación Económica TDF, actualmente destinada al respaldo de MiPyMEs y otras actividades productivas. Para 2026 se habían presupuestado cerca de $2.263 millones por ese concepto.

Asimismo, se propone modificar la distribución impositiva aplicada al transporte de gas por gasoductos. La alícuota de Ingresos Brutos subiría del 3,5% al 4%, mientras que el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales descendería del 1,5% al 1%. La carga total continuaría siendo del 5%, pero una cuarta parte de lo recaudado por Ingresos Brutos sería destinada al nuevo fondo.

La propuesta incorpora además la eliminación de determinadas exenciones impositivas para bancos y entidades financieras sobre operaciones y rendimientos vinculados con títulos públicos. Sin embargo, el documento no incluye una estimación de los ingresos que podrían obtenerse mediante ese mecanismo.

La crisis obligó al organismo a reprogramar pagos, disminuir su planta de personal, analizar la venta de propiedades y solicitar adelantos al Poder Ejecutivo. Durante 2024, la Caja utilizó más de $5.300 millones de sus inversiones para afrontar un déficit financiero que superó los $4.200 millones.

Mientras se mantenga la emergencia, quedarían suspendidas las ejecuciones y los embargos contra la institución. Paralelamente, un comité técnico dispondrá de diez meses para diseñar una reforma integral, actualizar el estudio actuarial, revisar los pasivos judiciales y proyectar la sostenibilidad del régimen durante la próxima década.