La tensión política creció este miércoles luego de que dirigentes del peronismo alzaran la voz para denunciar una presunta avanzada judicial contra militantes y funcionarios municipales. La senadora fueguina María Eugenia Duré y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, manifestaron su fuerte preocupación a través de redes sociales, calificando los operativos como un hecho “muy grave y peligroso”.

Las críticas surgieron tras una serie de allanamientos ordenados por el juez Arroyo Salgado y respaldados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Durante la madrugada, personal policial irrumpió tanto en dependencias del Municipio de Quilmes como en varios domicilios particulares, en el marco de una causa que investiga supuestos actos de hostigamiento contra el diputado José Luis Espert.

Uno de los puntos que más alarma generó entre las dirigentes opositoras fue la situación de Eva Mieri, militante y funcionaria local, quien —al momento de las publicaciones— llevaba más de tres horas sin poder comunicarse con su familia ni con su abogado. Para Duré y Mendoza, estos procedimientos vulneran derechos básicos y evidencian un accionar “completamente ilegal y antidemocrático”.

La causa judicial, según trascendió, incluye la detención previa de otra militante, Alessia, alojada en el penal de Ezeiza desde hace una semana. La acusación estaría vinculada a la colocación de un pasacalle y el vertido de excremento en la vereda del legislador liberal, un hecho que para el oficialismo amerita la imputación de hostigamiento y daños.

“Esto no es más que persecución política”, sentenció Duré en su cuenta de X (ex Twitter). Desde el entorno de Mendoza también repudiaron la utilización de procedimientos judiciales que, entienden, buscan disciplinar a quienes piensan distinto. “Estamos ante un escenario muy peligroso para la democracia”, remarcaron.