La guerra eterna por los despachos en el Senado volvió a entregarle al país un nuevo episodio digno de comedia política. Esta vez, la protagonista es la senadora fueguina Cándida López, quien habría quedado profundamente insatisfecha con el despacho que le asignó la vicepresidenta Victoria Villarruel… por un motivo que, según fuentes legislativas, “no figura en el reglamento, pero sí en las prioridades personales”: no tiene baño privado.

El conflicto comenzó cuando López se instaló, con muebles y todo, en la oficina que hasta diciembre pertenecía al exsenador Sergio Leavy. La mudanza express terminó con Villarruel cambiándole la cerradura —previo aviso formal, como marca la cortesía parlamentaria— y recordándole que en el Senado las llaves no se autogestionan.

Tras el incidente, que incluyó forcejeos y un nivel de tensión digno de telenovela institucional, Villarruel le asignó a la fueguina un despacho que, paradójicamente, ya era suyo dentro del edificio. Pero lejos de calmarse las aguas, las quejas continuaron: el problema no era el tamaño, ni la ubicación, ni la iluminación. Era la ausencia del codiciado baño privado, ese pequeño tesoro arquitectónico por el cual más de un legislador estaría dispuesto a dar debate en sesión especial.

“Ella esperaba otras comodidades”, deslizaron con ironía desde el Senado, dejando entrever que la geopolítica del mármol sanitario tiene más peso del que el reglamento admite.

Mientras tanto, Villarruel sostiene que la distribución de oficinas responde a criterios “orgánicos y equitativos”, aunque en la práctica quedó claro que nada es tan orgánico cuando de cañerías internas se trata.

La senadora López, por ahora, deberá adaptarse a su nuevo espacio sin spa legislativo incluido. Y el Senado, una vez más, demuestra que las grandes disputas de la República no siempre se dirimen en el recinto: a veces se ganan —o se pierden— a metros del baño.