Un proyecto impulsado por el bloque Somos Fueguinos volvió a poner en debate los criterios de acceso a la función pública y a las candidaturas electivas en la provincia. La propuesta apunta a endurecer los requisitos de elegibilidad mediante pautas vinculadas a la idoneidad, la transparencia y la integridad de quienes aspiren a ocupar responsabilidades institucionales.

La iniciativa establece que no podrán postularse ni ser designadas en cargos públicos aquellas personas que tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos de especial gravedad, incluso cuando la sentencia aún no esté firme. De esta manera, el texto busca impedir que personas alcanzadas por determinados antecedentes judiciales puedan avanzar en procesos electorales o asumir funciones dentro del Estado provincial.

El alcance del proyecto abarca una amplia nómina de delitos. Entre ellos figuran los hechos contra la seguridad de la Nación y el orden constitucional, así como distintos delitos contra la administración pública, como cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con la función, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y encubrimiento. También se incluyen fraude contra el Estado, delitos económicos y financieros, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, delitos contra la integridad sexual y femicidio, además de infracciones contempladas en normas especiales y acuerdos internacionales vinculados a la lucha contra la corrupción.

Uno de los puntos centrales del proyecto introduce un control previo al proceso de oficialización de listas. Según la propuesta, los partidos y alianzas deberán presentar el certificado vigente de antecedentes penales de cada postulante, emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, al momento de inscribir sus candidaturas. La intención es sumar una instancia de verificación documental antes de habilitar la participación electoral.

El texto además contempla qué ocurrirá si esa exigencia no se cumple. En esos casos, la autoridad electoral deberá intimar a la fuerza política correspondiente y otorgarle un plazo de 48 horas para acercar la documentación faltante o reemplazar al candidato cuestionado. Si la situación no se corrige dentro de ese lapso, la lista quedará incompleta para su oficialización.

La propuesta no se limita al plano electoral. También prevé que estas incompatibilidades alcancen a quienes sean designados en funciones públicas dentro del ámbito provincial. Incluso, si una condena de las características previstas aparece después del nombramiento, se deberá poner en marcha el procedimiento administrativo pertinente, respetando el derecho de defensa, para analizar la posible desvinculación del cargo.

El debate no es nuevo en Tierra del Fuego. Entre 2020 y 2022 ya hubo intentos promovidos por la UCR para avanzar con un esquema similar de Ficha Limpia, aunque sin éxito. A nivel nacional, una discusión de características parecidas también fracasó en 2025, cuando el Senado rechazó por estrecho margen un proyecto que ya había obtenido media sanción en Diputados.