El presidente Javier Milei oficializó este miércoles el veto a la ley de financiamiento universitario, lo que generó un nuevo frente de conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. En respuesta, sectores de la oposición ya analizan la posibilidad de convocar una sesión especial la próxima semana para intentar revertir esa decisión.
La normativa vetada establecía un esquema de actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, hospitales universitarios y fondos para investigación, tomando como referencia la inflación. Además, contemplaba la convocatoria a paritarias dentro de los tres meses posteriores a su aprobación, incrementos en las becas estudiantiles y mejoras salariales para el personal docente y no docente.
Una votación con mayoría, pero no con los dos tercios
La ley había sido aprobada a comienzos de agosto en la Cámara de Diputados con 158 votos afirmativos, pero ese número no alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la norma en caso de veto. Ahora, la oposición deberá reunir esa mayoría especial si desea dejar sin efecto la decisión presidencial.
Argumentos económicos desde la Casa Rosada
Desde el Gobierno nacional se argumentó que la ley violaba el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera (24.156), al no especificar con claridad de dónde provendrían los recursos para solventar el gasto adicional. Según el texto del veto, las fuentes de financiamiento que se proponían —como mayores ingresos impositivos o reasignaciones presupuestarias— resultaban "genéricas" e insuficientes.La administración Milei también advirtió que implementar esta ley implicaría un aumento del gasto público superior al billón de pesos en 2025, lo que pondría en jaque la meta de superávit fiscal. A su vez, señalaron que el déficit generado podría forzar una emisión monetaria, con el consiguiente riesgo de un rebrote inflacionario que, según el Gobierno, afectaría principalmente a los sectores más vulnerables.
La oposición prepara el contraataque legislativo
Los bloques opositores más críticos del oficialismo barajan la posibilidad de tratar el rechazo al veto en el recinto el próximo miércoles. Consideran que el contexto político, tras la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, representa una oportunidad para doblegar al Ejecutivo en el Congreso.Una reunión clave de secretarios parlamentarios de los distintos bloques opositores está prevista para este jueves por la mañana, en la que se definirá si se convoca formalmente a la sesión y qué temas se incluirán en el temario. Algunos sectores también buscan aprovechar la ocasión para avanzar con el rechazo a otros vetos que están pendientes, como el de la Emergencia en Bahía Blanca, la Moratoria Previsional y la emergencia en pediatría.
Una segunda ley universitaria vetada
No es la primera vez que el presidente Milei frena una ley vinculada al sistema universitario. En 2024 ya había vetado una normativa similar, y en aquella ocasión logró sostener su decisión gracias al respaldo de un tercio de la Cámara de Diputados, en parte con el apoyo de gobernadores aliados y sectores del radicalismo cercanos al oficialismo.
Una iniciativa nacida desde las universidades
El proyecto original fue impulsado por el espacio Democracia para Siempre, una línea interna disidente del radicalismo, con el respaldo de los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La iniciativa fue celebrada por la comunidad académica, que la considera fundamental para garantizar el funcionamiento y la calidad del sistema público de educación superior.Ahora, con el veto consumado, todo queda en manos del Congreso, que deberá decidir si insiste con la sanción original y le marca un límite político al Poder Ejecutivo, o si convalida la decisión presidencial en un momento de alta tensión institucional.
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