La Corte Suprema de Justicia reafirmó que el Poder Ejecutivo no puede utilizar decretos de necesidad y urgencia para sustituir al Congreso cuando no existen circunstancias verdaderamente excepcionales. Con ese criterio, declaró inconstitucional el artículo 53 del DNU 274/2019, aprobado durante la gestión de Mauricio Macri, porque modificó por decreto una competencia judicial reservada constitucionalmente al Poder Legislativo.
El fallo fue firmado por unanimidad por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los magistrados remarcaron que la regla general es que las leyes sean debatidas y sancionadas por el Congreso, mientras que la intervención legislativa del Presidente únicamente resulta válida ante una urgencia incompatible con los plazos parlamentarios o cuando una situación de fuerza mayor impide que las cámaras puedan reunirse.
Al analizar los fundamentos de la norma, el máximo tribunal concluyó que el Gobierno no explicó por qué debía alterar de manera urgente el fuero encargado de revisar las sanciones por infracciones al régimen de Lealtad Comercial. “No surge ni una sola línea dedicada a justificar las razones o circunstancias de excepción”, señalaron los jueces, quienes advirtieron que la rapidez o la conveniencia política no habilitan al Ejecutivo a elegir entre impulsar una ley o imponer una regulación mediante un DNU.
La controversia comenzó después de que Cencosud recibiera una multa de $700.000 por cobrar en caja un producto a un valor superior al exhibido. La empresa apeló y se abrió un conflicto entre las cámaras Civil y Comercial Federal y Contencioso Administrativo Federal, debido a que el decreto había cambiado el tribunal competente para revisar ese tipo de sanciones. La disputa llegó finalmente a la Corte y derivó en una definición sobre los límites constitucionales del Poder Ejecutivo.
La resolución no anuló la totalidad del DNU 274/2019, sino únicamente su artículo 53. Además, la Corte aclaró que la falta de pronunciamiento del Congreso durante varios años no vuelve constitucional una disposición irregular ni impide su revisión judicial. Por esa razón, ordenó que el expediente continúe ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, tal como estaba establecido por la legislación aprobada por el Congreso.
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