El intendente de Río Grande, Martín Perez, insistió en que no es momento para abrir el debate por una reforma de la Constitución provincial y consideró que avanzar en ese sentido implicaría destinar recursos a una discusión que hoy no representa una prioridad para Tierra del Fuego.

En declaraciones a FM Provincia, el jefe comunal sostuvo que la posible derogación de la ley vinculada a ese proceso aparece como una alternativa concreta para desactivar de manera rápida el conflicto político. A su entender, sería la salida más sencilla para evitar involucrar a toda la provincia en un tema que calificó como innecesario en la actualidad.

Perez remarcó que la situación de la provincia demanda concentrar los esfuerzos en otros asuntos más urgentes y dejó en claro que mantiene la misma postura desde hace tiempo. Según expresó, nunca consideró conveniente impulsar una reforma constitucional y, en el escenario actual, esa posición es todavía más firme.

También puso el foco en el costo económico que podría generar una discusión de este tipo. Si bien señaló que se habla de convencionales que no percibirían salarios, advirtió que cualquier proceso electoral trae aparejado un movimiento de fondos y campañas que, según afirmó, terminan generando un gasto importante.

En ese marco, respaldó la decisión del legislador Lechman de volver a llevar el tema a la Legislatura y valoró que exista la posibilidad de debatir esa iniciativa. Para el intendente, ese camino podría contribuir a cerrar una polémica que, desde su mirada, no debería ocupar hoy el centro de la escena política fueguina.

A su vez, aclaró que si en algún momento se considera necesaria una reforma de la Constitución, esa discusión tendría que darse en otro escenario institucional y político. En ese punto, advirtió que un debate de esa magnitud no debería estar atravesado por sospechas de reelección o por interpretaciones ligadas a la permanencia en el poder.

Con esta postura, Perez volvió a diferenciarse de cualquier intento de avanzar ahora con una reforma constitucional en la provincia y se sumó al planteo que impulsa revisar o dejar sin efecto el marco legal que habilita esa posibilidad.