Un estudio realizado por el economista Marcelo Capello del Ieral, de la Fundación Mediterránea, revela que las provincias más afectadas por el ajuste propuesto por el Gobierno son La Rioja, Río Negro y Tierra del Fuego.

Estas jurisdicciones presentan una combinación de factores como dependencia con el gobierno central, nivel de endeudamiento, gasto corriente y exportaciones, que las colocan en una situación de mayor vulnerabilidad.

El ajuste ya ha comenzado a ponerse en marcha, con recortes en las transferencias discrecionales que envía el Gobierno a las provincias. En enero, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires recibió apenas el 0,1% de lo que había recibido en el mismo período del año anterior. Esta reducción en las transferencias afecta directamente las finanzas de las provincias, dificultando la realización de inversiones y el cumplimiento de sus compromisos.

El ranking de vulnerabilidad presenta algunas características sorprendentes. Por ejemplo, la provincia de Santiago del Estero aparece como una de las menos expuestas a un eventual ajuste, a pesar de no estar en una situación fiscal sólida. Esto se debe a que sus exportaciones representan una parte importante de su producto y su tasa de ahorro corriente sobre gasto es la más alta del país. En contraste, provincias como Río Negro, Tierra del Fuego y Salta presentan un alto nivel de gasto corriente y una dependencia significativa de las transferencias del Gobierno.

El panorama futuro es incierto para estas provincias, ya que el impuesto a las ganancias, que es coparticipable, ha sido dejado afuera del paquete legislativo. Según el estudio de Capello, si se aplicara este impuesto, cambiaría el ranking de vulnerabilidad. En ese caso, Tierra del Fuego y Río Negro pasarían a ser las provincias más expuestas, mientras que Buenos Aires y Entre Ríos se unirían al grupo de provincias más afectadas.

Ante esta situación, las provincias deberán prepararse para lo que viene. Algunas podrían tomar medidas de ajuste propio, recortando gastos o aumentando impuestos. Sin embargo, esta no es una tarea sencilla, ya que gran parte del presupuesto de las provincias se destina al pago de salarios, principalmente en el sector docente, de salud y seguridad. Reducir estos gastos podría generar conflictos políticos y dificultar la prestación de servicios esenciales.

Fuente: La Nación