Mediante un análisis detallado, el economista Juan Pablo De Luca indicó que el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) actualmente se encuentra paralizado en un proceso de estancamiento virtual, factor que obstaculiza su funcionamiento, señalando que dicho fondo se encuentra vinculado con la extensión de la Ley 19.640, el que tiene como función impulsar los proyectos productivos y de infraestructura, pero este tiene demoras tanto en su conformación, como ejecución.

En ese marco, el economista De Luca detalló que, el FAMP asigna $40 de cada $100 a obras públicas, mientras que el otro monto se destina a proyectos productivos, especialmente a aquellos que contribuyen en la ampliación de la matriz productiva de la provincia, pero advirtió que este proceso se vio obstaculizado debido a las numerosas demoras y dificultades.

En este sentido, De Luca señaló que "hoy la situación es que está virtualmente congelado, como muchas áreas del Gobierno Nacional", haciendo hincapié al estado actual de la FAMP. Por ello, explicó que la implementación del mismo se retrasó considerablemente por la tardanza que existe en la adhesión de las empresas a la prórroga de la Ley 19.640 dado a que, para acceder a los beneficios del FAMP deben cumplir con los requisitos fiscales y laborales, lo algo que generó demoras significativas en el proceso.

Por tal motivo, recalcó que el retraso en la adhesión se vio agravado con las empresas textiles ya que, recién a finales del año pasado se sumaron, justamente cuando vencía la prórroga de la ley.

Entonces, De Luca destacó que, si bien los municipios y el Gobierno Provincial presentaron proyectos que fueron evaluados y preaprobados por el FAMP, aún no se les ha aplicado ningún fondo.

Teniendo en cuenta la dimensión de las trabas, De Luca manifestó que la composición del comité ejecutivo encargado de decidir la asignación de fondos es una de las quejas recurrentes en el funcionamiento del FAMP, debido a que según el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 725 y un decreto presidencial posterior, el comité se encuentra conformado por representantes designados por el Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior, lo que resultó en la controversia sobre la falta de representación local.

Para finalizar, Juan Pablo De Luca hizo hincapié en la disputa legal que rodea la administración y ejecución de estos fondos "el argumento legal que aparecía desde Nación por qué no se podía poner gente de la provincia directamente, porque decían que estos impuestos no cobrados, le pertenecían a la Nación, son impuestos nacionales", cerró.