
El Gobierno nacional anunció un recorte en los subsidios energéticos que afectará a más de 150.000 usuarios en todo el país, al detectar casos con múltiples medidores registrados bajo el régimen de Zona Fría, que otorga un descuento del 50% en las facturas de gas. Tierra del Fuego cuenta actualmente con 52.147 usuarios que reciben este beneficio, según datos oficiales.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece que en los casos en que un titular posea dos o más conexiones domiciliarias registradas, el subsidio se reducirá del 50% actual al 30%. La resolución forma parte de una reestructuración más amplia de los regímenes de asistencia estatal que lleva adelante el Ministerio de Economía.
El régimen de Zona Fría fue creado por la Ley 25.565 y ampliado en 2021 mediante la Ley 27.637. Incluye a provincias del sur argentino y de la Puna, otorgando descuentos en la tarifa del gas para usuarios residenciales, especialmente aquellos considerados vulnerables, como jubilados, monotributistas sociales y beneficiarios de planes sociales.
El sistema es financiado a través de un recargo que se aplica sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). En 2024, ese recargo aumentó del 5,44% al 6%, con posibilidad de llegar hasta el 7,5%. Los fondos se transfieren al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que en lo que va del año registró ingresos por más de $322 mil millones y gastos por más de $377 mil millones.
Actualmente, el régimen de Zona Fría alcanza a más de 4,3 millones de beneficiarios en el país. De ellos, 2.586.742 acceden al descuento del 50%, mientras que 1,7 millones reciben un descuento del 30%.
En Tierra del Fuego, el subsidio tiene un impacto clave debido a las bajas temperaturas y la alta dependencia del consumo de gas para calefacción. Por eso, cualquier modificación en los porcentajes de subsidio genera preocupación tanto en los usuarios residenciales como en los sectores productivos de la provincia.
El Gobierno nacional aclaró que, aunque tiene la facultad de modificar los porcentajes del subsidio, no puede alterar los lineamientos zonales sin una ley aprobada por el Congreso. El fondo que sustenta este régimen fue el único fideicomiso excluido del ajuste comprometido con el Fondo Monetario Internacional.
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