Desde el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) avanzan en la implementación del denominado “alquiler social”, una herramienta orientada a dar respuesta a familias que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad y que no cuentan con capacidad de pago para acceder a una vivienda.

La presidenta del organismo, Laura Montes, explicó que este esquema está destinado principalmente a adultos mayores, personas con discapacidad y grupos familiares con ingresos muy bajos. A través de esta modalidad, el Estado provincial otorga el uso de una vivienda mediante un comodato, estableciendo un monto accesible en función de los ingresos de cada beneficiario.

En este sentido, detalló que se trata de un sistema que permite a las personas habitar una vivienda sin necesidad de afrontar una cuota tradicional, ya que el pago se adapta a su realidad económica. Asimismo, aclaró que la propiedad continúa siendo del Estado, aunque existe la posibilidad de que, si la situación económica del beneficiario mejora, pueda avanzar hacia una adjudicación formal.

Montes remarcó que esta herramienta surge ante la necesidad de evitar situaciones extremas como desalojos o desadjudicaciones, especialmente en casos donde las familias no pueden cumplir con los compromisos de pago. “No estamos desalojando a adjudicatarios”, sostuvo en Aire Libre Fm, al tiempo que indicó que el objetivo es brindar soluciones habitacionales acordes al contexto social actual.

Además, adelantó que se prevé destinar un porcentaje de las viviendas disponibles a esta modalidad. En líneas generales, entre un 20% y un 30% de las unidades que se entreguen podrían asignarse a alquiler social, dependiendo de la demanda y de las necesidades detectadas en cada etapa.

Finalmente, subrayó que esta iniciativa forma parte de una actualización más amplia de las políticas habitacionales, buscando incorporar nuevas herramientas que permitan ampliar el acceso a la vivienda en la provincia, contemplando tanto a sectores vulnerables como a otros segmentos de la población.