En ese marco, se designó a Gustavo Andrés García como nuevo titular del organismo, en reemplazo de Mariana Hruby, quien accedió a la jubilación. A su vez, se incorporó al doctor Jorge Antonio Giménez como vocal, completando una renovación parcial del equipo en un momento considerado clave.

Desde el Ejecutivo señalaron que estos cambios se dan en un contexto complejo, atravesado por dificultades financieras acumuladas que han afectado el normal funcionamiento de la obra social. La nueva conducción tendrá como objetivo central ordenar el sistema en el corto plazo, optimizar los recursos disponibles y asegurar la continuidad de las prestaciones para los afiliados.

Un plan con foco en ordenar cuentas y mejorar prestaciones

El proceso de reordenamiento incluye una serie de medidas estructurales que buscan corregir desequilibrios históricos. Entre ellas, se prevé una revisión integral de la estructura interna, con el objetivo de reducir la planta política, reorganizar funciones y mejorar la eficiencia administrativa.

También se realizará un relevamiento detallado de la deuda con prestadores, tomando como referencia el 31 de marzo de 2026, lo que permitirá contar con un diagnóstico claro para avanzar en un plan de pagos acorde a la capacidad financiera del organismo.

En paralelo, se establecerán topes presupuestarios por prestador para ordenar la facturación y evitar desvíos, junto con acuerdos bajo modalidad de monto fijo que permitan dar previsibilidad al sistema y regular la demanda de servicios.

Otro de los ejes será la negociación directa con la industria farmacéutica para mejorar precios y condiciones de compra de medicamentos, además de la implementación de un esquema de provisión directa para sectores vulnerables, con cobertura total en casos específicos.

Más control y recuperación de recursos

El plan también contempla el fortalecimiento de los mecanismos de auditoría médica y administrativa, especialmente en prácticas y derivaciones fuera de la provincia, con el objetivo de optimizar el gasto.

A esto se suma la implementación de un régimen obligatorio de recupero de gastos en situaciones donde las prestaciones médicas estén vinculadas a responsabilidades de terceros o aseguradoras, buscando así aliviar las finanzas del sistema.

Desde el Gobierno remarcaron que este conjunto de medidas apunta no solo a resolver la coyuntura actual, sino también a sentar las bases de una obra social más eficiente, transparente y sustentable en el tiempo, en beneficio de los trabajadores estatales y sus familias.