El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Tierra del Fuego publicó una nueva actualización del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), con fecha al 29 de mayo de 2025. El listado fue oficializado a través del Boletín Oficial N° 5851 y actualmente incluye a 103 personas, de las cuales la mayoría son hombres, aunque también figuran mujeres.
Desde la creación del registro, en cumplimiento de la Ley Provincial N° 531, se incorporan aquellos deudores que no hayan pagado total o parcialmente tres cuotas consecutivas o cinco alternadas de alimentos, ya sean provisorios o definitivos, fijados u homologados por sentencia firme.
En 2020, el listado estaba integrado por 67 deudores, y en los últimos cinco años se sumaron 46 nuevos casos, incluidos cuatro en lo que va de 2025: Luis Roberto Figueroa Retamal, Richard Quispe, Guido Gastón Silva y Matías Andrés Silva.
A diferencia de otras publicaciones, en esta oportunidad no se detallaron las fechas exactas de incorporación de los nuevos morosos, lo que impide realizar un seguimiento preciso del tiempo de incumplimiento y dificulta el control ciudadano previsto en la normativa.
Sanciones y restricciones
Quienes integran el REDAM quedan inhabilitados para actuar como proveedores o contratistas del Estado provincial, así como para abrir cuentas corrientes, solicitar créditos u operar comercialmente con el Banco de Tierra del Fuego. Además, no pueden inscribirse como postulantes a procesos de adopción, debiendo presentar certificado de libre deuda ante la Dirección de Minoridad y Familia.
Acuerdo patagónico
En octubre de 2024, Tierra del Fuego firmó un convenio con Neuquén y Santa Cruz para intercambiar información sobre deudores alimentarios. El acuerdo incluye la implementación de un Certificado de Deudor Alimentario Digital, con el objetivo de evitar que personas incumplidoras cambien de jurisdicción para eludir sus responsabilidades legales.Pese a los avances institucionales, la falta de información precisa sobre las fechas de ingreso al registro representa un retroceso en términos de transparencia y control efectivo.
Desde el gobierno fueguino se había destacado que este tipo de convenios refuerza la vigilancia interprovincial sobre el cumplimiento del derecho alimentario, en especial en regiones limítrofes donde el cambio de domicilio suele ser utilizado como estrategia para evadir obligaciones.
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