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Crítico Panorama de Alquileres: Contratos cortos, inquilinos endeudados y afectados por angustia y ansiedad

La organización Inquilinos Agrupados ha dado a conocer los resultados de una extensa encuesta a nivel nacional, realizada en enero de 2024 con más de 3,300 casos. Este estudio revela que la mitad de los contratos de alquiler firmados tienen una duración menor a un año, y que el 53% de los encuestados experimenta angustia, ansiedad y desesperanza debido a las dificultades habitacionales que enfrentan.

Este panorama se agrava tras la derogación de la Ley de Alquileres y la implementación del DNU del presidente Javier Milei, según indica el informe presentado por la organización.

En relación a los términos de los contratos, el 90% de los nuevos acuerdos contemplan actualizaciones cada seis meses o incluso con mayor frecuencia. Dentro de este porcentaje, el 45% realiza ajustes semestrales y casi el 25% lo hace cada tres meses. Además, más de la mitad de los nuevos contratos se firman por un plazo de un año o menos.

El informe también destaca que más del 53% de los encuestados enfrenta actualmente algún tipo de deuda, siendo el 40% de estas deudas con bancos emisores de tarjetas de crédito. Más del 64% ha tenido que recurrir a préstamos para hacer frente al pago del alquiler y otros gastos esenciales.

En cuanto a la salud mental, el 93% de los inquilinos encuestados teme que su situación empeore en 2024 en comparación con el año anterior. Además, el 78% experimenta angustia, el 75% ansiedad y el 68% desesperanza en relación a las condiciones de sus contratos.

Desde Inquilinos Agrupados se sostiene que el decreto 70/2023 es inconstitucional y alertan que la crisis habitacional podría transformarse rápidamente en una crisis social.

Ante este escenario, la Federación de Inquilinos Nacional ha presentado una nota ante el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y el Senado, solicitando que traten de manera urgente el DNU 70/2023 y lo rechacen por inconstitucional. La nota destaca la importancia de cumplir con el mandato constitucional y poner en tratamiento el decreto, argumentando que la derogación de la ley de alquileres, un proceso democrático de ocho años, es altamente preocupante.

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