El abogado y especialista en derecho previsional Fermín Randón advirtió que el intento de diferenciar a los jubilados que accedieron a su beneficio a través de una moratoria de aquellos que cumplieron los 30 años de aportes “es jurídicamente insostenible y socialmente preocupante”.

En diálogo con Radio Fueguina, Randón explicó que el sistema previsional argentino exige 30 años de aportes y 65 años de edad para los hombres —60 en el caso de las mujeres—, pero que la realidad del trabajo informal en el país vuelve difícil cumplir con esos requisitos. “Negarle la posibilidad de jubilarse a alguien que trabajó toda su vida pero no fue registrado es negarle un derecho constitucional y, además, perdonar a los empleadores que nunca hicieron los aportes”, sostuvo.

El abogado remarcó que las moratorias, que permiten regularizar años sin aportes, elevaron la cobertura previsional del 60 al 90 por ciento de los adultos mayores. “Pensar en eliminarlas implicaría dejar sin protección a miles de personas, especialmente a las mujeres, que en su mayoría acceden a la jubilación con años comprados por este mecanismo”, subrayó.

Randón también cuestionó las propuestas de establecer haberes distintos según la vía de acceso: “Una vez que el Estado reconoce el derecho, todos son jubilados. Diferenciarlos sería escandaloso desde el punto de vista jurídico”.

El especialista recordó que las moratorias dependen de leyes que en algunos casos vencieron en marzo, y advirtió que el debate de fondo no debería centrarse en recortar derechos sino en atacar la raíz del problema: la falta de empleo registrado. “El verdadero flagelo del sistema previsional argentino es el trabajo no registrado, que ronda el 40 por ciento. La discusión debería ser cómo formalizamos el empleo, no cómo ajustamos a los adultos mayores”, concluyó.