Desde el Gobierno provincial sostuvieron que la reforma constitucional ya constituye un proceso institucional en marcha, iniciado tras la declaración de necesidad aprobada oportunamente por la Legislatura con la mayoría agravada exigida por la Constitución Provincial y posteriormente formalizado mediante el decreto de convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes.

En los fundamentos del veto se remarca que aquella decisión no implicó la sanción de una ley ordinaria, sino la activación de un mecanismo excepcional previsto por la propia Carta Magna para habilitar el funcionamiento del poder constituyente derivado. A partir de ello, comenzaron a desarrollarse actos institucionales concretos, entre ellos el llamado a elecciones para elegir convencionales constituyentes.

Sobre la decisión legislativa, el ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, manifestó que lo resuelto por el Poder Legislativo “es inconstitucional desde el mismo momento del tratamiento”, y explicó que la convocatoria a una reforma constitucional “no es una ley simple ni común”, sino el inicio de “un proceso superior vinculado a derechos constitucionales”.

Asimismo, sostuvo que “no se puede quitar el derecho al vecino a elegir o a ser elegido” y aseguró que todo el proceso “se ha dado dentro del marco de la ley y la Constitución”.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron además que el veto representa una defensa del proceso democrático, de la institucionalidad y del derecho de la ciudadanía fueguina a participar de un debate considerado trascendental para el futuro de la provincia.

El texto oficial advierte que la norma sancionada por la Legislatura no busca únicamente derogar una ley común, sino interrumpir un proceso constitucional ya iniciado y desconocer una decisión institucional adoptada conforme a los mecanismos previstos por la Constitución Provincial.

También se remarca que permitir la interrupción de este tipo de procesos podría generar una fuerte inseguridad institucional, habilitando a mayorías circunstanciales a revertir decisiones constitucionales previamente adoptadas según el contexto político del momento.

Otro de los aspectos señalados en los fundamentos es que actualmente existe un proceso electoral formalmente convocado, por lo que dejarlo sin efecto de manera intempestiva afectaría la previsibilidad institucional y vulneraría derechos políticos fundamentales de la ciudadanía.

En ese marco, el Ejecutivo sostuvo que los fueguinos y fueguinas tienen derecho a participar democráticamente del debate sobre el futuro de la Constitución Provincial, ya sea eligiendo representantes constituyentes o postulándose para integrar el proceso previsto por el orden constitucional vigente.