El Gobernador de la provincia, Gustavo Melella, dispuso a través del decreto 419/24, recientemente firmado, dejar sin efecto el decreto N°2948/22 el cual indicaba en el año en 2022 que las gestiones de administración del "Fondo Residual Ley Provincial 478" debían ser llevadas adelante por el exministro de Economía, Federico Zapata García, por lo que dicha función ahora será ejecutada por la viceministra de Economía, Olga Cecilia Rojo.

En ese marco, es necesario explicar que el Fondo Residual de la Provincia, es el ente encargado de recuperar deudas y activos financieros que fueron otorgado en los años 90 por el BTF y que no fueron cancelados por sus acreedores, por lo cual, a través del nuevo decreto se menciona que “hasta tanto no se designe un responsable Administrador del Fondo Residual o su liquidador, razones de responsabilidad institucional, tornan oportuno que el Ministerio de Economía resulte competente para desempeñar las facultades de administración y de gestión de los activos, pasivos y créditos que conforman el Fondo Residual”.

Por tal motivo, el Gobernador consideró destinarle las gestiones de la administración del Fondo a la viceministra de Economía, Olga Cecilia Rojo, indicando que la misma “contará con amplias facultades para gestionar todo asunto pertinente al cumplimiento del objeto y funciones otorgadas al Fondo Residual en el marco de las leyes 4788, 486 y 551”.

Recordemos que, el Fondo Residual se puso en vigencia en el año 200, cuando la Legislatura sancionó la ley °478 dejando que el Banco Tierra del Fuego sea una sociedad anónima. En ese entonces, la norma señalaba que “los activos, pasivos y créditos eventuales o contingentes que asuma como propios el Estado provincial, conformarán un Fondo Residual de administración del Poder Ejecutivo provincial, por sí o por terceros”.

Añadiendo que “el Poder Ejecutivo provincial, designará un representante técnico, el que será propuesto por el Poder Legislativo quien formará parte del órgano administrador del Fondo Residual propio del Poder Ejecutivo”.

Por su parte, el Estado provincial contrajo “el carácter de deudor con el Instituto Provincial de Previsión Social hasta la suma de $208.000.000, monto que proviene de los créditos que tal Instituto posee contra el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, garantizándose su cancelación con los importes que, entre otros, provengan del Fondo Residual por la realización de los inmuebles y el recupero de la cartera crediticia que el mismo lleve a cabo, activos que recibiera en virtud de lo establecido en el artículo 3°, como así también de las utilidades que el Estado provincial podría percibir por su participación accionaria en el Banco Tierra del Fuego Sociedad Anónima”.

A pesar de que ya hayan transcurrido 24 años desde su vigencia, hasta el momento nunca se conoció el nivel de recupero total de las deudas por morosidad, situación que generó un reclamo histórico desde los sectores estatales dado a que consideraban la efectiva cancelación del monto total estipulado en la norma.