En declaraciones públicas, un funcionario del Gobierno provincial se refirió a la continuidad de las desobligaciones en el ámbito educativo, una medida impulsada por el gremio docente que ha generado controversias por su impacto en el normal dictado de clases. En ese marco, sostuvo que “hay ciertas acciones que lo único que hacen es perjudicar a los estudiantes” y pidió que cesen estas prácticas.

“Cada uno puede hacer y presentar lo que le parece. Lo único que digo es no aprovechar ciertas situaciones para obtener réditos políticos o personales”, expresó el funcionario, quien recordó que en el acta de la última paritaria solicitó formalmente al sindicato que abandone esta modalidad.

Consultado sobre la legalidad de la medida, respondió: “No lo sé, eso lo tendrá que decir la Justicia”. Aclaró además que desde el Ejecutivo no se ha presentado ningún recurso legal hasta el momento, dado que no han recibido una presentación formal respecto al tema. “Si alguien considera que es ilegal, como en el caso de Villegas, puede hacer la denuncia correspondiente y será la Justicia la que determine si está bien o mal”, agregó.

Respecto a la posición del Gobierno sobre la medida en sí, evitó dar una valoración explícita: “No voy a poner en valor si está bien o está mal lo que hace la gente. Lo que sí está claro es que hay un perjuicio para los alumnos que pierden días de clase”.

Finalmente, indicó que se evalúan medidas junto al gobernador de la provincia y que próximamente se comunicará a las partes cuáles serán las acciones oficiales. “Vamos a seguir insistiendo con el camino del diálogo, que es el que creemos que debemos seguir”, concluyó.