Desde este viernes 29 de agosto, la provincia aplicará un recorte en la cantidad de gas envasado y a granel subsidiado que reciben los usuarios. La medida consiste en una reducción de 50 kilos mensuales por beneficiario y se enmarca en la difícil coyuntura financiera que atraviesa Tierra del Fuego.

Actualmente son alrededor de seis mil las familias inscriptas en el programa, que hasta ahora podían acceder a un máximo de 240 kilos por mes a precio subsidiado. Con la nueva disposición, esa cifra descenderá a 190 kilos mensuales entre abril y octubre, mientras que en los meses de mayor consumo (mayo a septiembre) el tope pasará de 450 a 400 kilos.

El costo real y el esquema de subsidios

El valor de referencia del kilo de gas licuado de petróleo (GLP) asciende a 2.020 pesos. De ese total, la provincia absorbe 1.741 pesos, lo que equivale al 86,18% del precio. La Nación aporta 199 pesos (9,86%) y los beneficiarios pagan apenas 80 pesos por kilo, es decir, el 3,96% de su valor real.

En este contexto, el Ejecutivo provincial resolvió “optimizar los recursos disponibles para garantizar la continuidad del programa de asistencia”, reconociendo que la decisión implica un ajuste que impactará en los hogares.

Un cambio forzado por la Nación

El decreto provincial 2112, dictado el 26 de agosto, responde a los cambios normativos establecidos a nivel nacional. La Resolución N° 15/25 de la Secretaría de Energía eliminó los precios máximos de referencia para el GLP, mientras que el Decreto Nacional 446/25 reformó el marco regulatorio, limitando la intervención estatal únicamente a tareas de fiscalización de seguridad.

Frente a esta modificación, el Gobierno fueguino advirtió que “la caída de la coparticipación federal y el retiro de la Nación de su rol de regulador generan una presión insostenible sobre las finanzas provinciales”, obligando a adoptar medidas de emergencia para no poner en riesgo la asistencia.

Impacto y administración del programa

El presupuesto provincial de 2025 ya preveía que sostener este esquema demandaría cerca de 50 mil millones de pesos. La reducción en la asignación busca evitar que el sistema colapse.

El decreto establece como autoridad de aplicación a la Dirección Provincial de Programas Específicos, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, que será la encargada de implementar los cambios y administrar el padrón de beneficiarios.

Desde la gestión de Gustavo Melella remarcan que el objetivo es preservar la política de subsidios en el tiempo: “Se trata de una medida de emergencia para garantizar la sostenibilidad del programa”, señalaron.