En diálogo con Radio Provincia, el Dr. Raúl Aciar abordó la reciente modificación del Fondo Fiduciario Público para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) y puso en duda la legalidad de la medida adoptada por el Gobierno Nacional.

Según explicó el letrado, en 2021 se creó el FAMP a través del decreto 727, el cual establecía que los empresarios que accedieran a los beneficios del régimen debían aportar el 15% del IVA reintegrado a un fondo fiduciario privado. "En ese momento ya advertimos que esto no era legal, porque los fondos exentos de impuestos no pueden ser derivados a actividades privadas", remarcó Aciar.

El reciente decreto 111/2025 modifica esta disposición, estableciendo que un porcentaje de estos fondos (aproximadamente el 3% del IVA) se destinará a Tierra del Fuego para obras de infraestructura. Sin embargo, Aciar destacó que el decreto también permite que parte de ese dinero sea utilizado por el Estado Nacional, lo que genera preocupación en la provincia.

"Lo que parece atractivo para Tierra del Fuego, porque implica más fondos para obras, tiene un origen que no es legal. Las exenciones son para los beneficiarios de la ley, y cualquier desviación debería ir a la cuenta general del Ministerio de Economía de la Nación", explicó.

Además, Aciar advirtió que este tipo de medidas pueden alimentar los argumentos de los detractores de la Ley 19.640, que sostiene el régimen de exención impositiva para la provincia. "En la administración anterior se estuvo cerca de derogar el régimen. Este tipo de decisiones poco claras pueden ser utilizadas en su contra", alertó.

Finalmente, el Dr. Aciar destacó que, si bien la medida se presenta como una solución para financiar obras en la provincia, "carece de claridad y de una estructura legal adecuada". Según su opinión, corresponde que las autoridades fueguinas intervengan para garantizar que los recursos sean administrados en favor del desarrollo local y no terminen siendo absorbidos por el Estado Nacional.