El Superior Tribunal de Justicia volvió a poner presión sobre el Gobierno provincial en el marco del conflicto judicial por la cancelación de los contratos correspondientes a los tramos II y III del Corredor Costero Canal Beagle, una obra considerada estratégica para la conectividad y el desarrollo turístico del sur fueguino.

La resolución judicial intimó al Ministerio de Obras Públicas a cumplir con la sentencia dictada el pasado 8 de mayo y avanzar en la regularización de gastos y eventuales acreencias reclamadas por la empresa Juan Felipe Gancedo S.A., firma que además exige una compensación económica por lucro cesante tras la paralización y revocación de los contratos.

El fallo se dictó dentro de la causa “Juan Felipe Gancedo S.A. c/Provincia de Tierra del Fuego AeIAS s/ Amparo por Mora”, donde los magistrados consideraron insuficientes las respuestas brindadas hasta ahora por el Ejecutivo provincial.

En ese contexto, el Superior Tribunal advirtió que, si continúa la demora administrativa, podrían aplicarse multas económicas diarias, cuyo monto sería determinado por la propia Corte.

Al analizar la documentación presentada por el Gobierno, los jueces señalaron que ya existen informes técnicos donde se habrían determinado gastos improductivos y otras posibles acreencias vinculadas a la obra vial. Sin embargo, remarcaron que los decretos provinciales 1835/25 y 1836/25 postergaron la aprobación de la liquidación final hasta tanto se resuelvan observaciones del Tribunal de Cuentas y cuestiones relacionadas con el impacto ambiental del proyecto.

Además, esos decretos fijaron la “improcedencia de una compensación razonable” a favor de la empresa constructora, postura que también implicaría rechazar el reclamo económico por lucro cesante.

Pese a ello, para el Superior Tribunal las medidas adoptadas por la Provincia no alcanzan para dar cumplimiento efectivo a la sentencia anterior. Según entendieron los jueces, hasta el momento sólo se avanzó en “actos preparatorios”, sin resolver de manera concreta la situación administrativa y financiera derivada de la caída de la obra.

El conflicto judicial se originó luego de que el Ejecutivo provincial dejara sin efecto los contratos de dos sectores clave del Corredor Costero Canal Beagle, un proyecto vial que había sido presentado como una obra estratégica para fortalecer la conexión terrestre y potenciar el turismo en la zona sur de Tierra del Fuego.

Con esta nueva resolución, la Justicia provincial incrementó la presión sobre el Gobierno para que defina de manera definitiva las obligaciones pendientes con la empresa y la situación derivada de una de las obras más controvertidas de los últimos años en la provincia.