El Gobierno de Tierra del Fuego elevó a la Legislatura un acuerdo clave que busca poner fin al conflicto judicial con la empresa Tierra del Fuego Energía y Química S.A. (TEQSA) y reactivar un ambicioso proyecto industrial para la producción de urea en la provincia.

El entendimiento fue firmado el pasado 28 de mayo por el gobernador Gustavo Melella y el director de la firma, Li Dacan, y llegó al Parlamento fueguino el 11 de junio. Ahora, los 15 legisladores deberán analizarlo y votar su aprobación o rechazo, en un debate que podría marcar el rumbo de uno de los proyectos energéticos más importantes del distrito.

El eje central del acuerdo está en la continuidad del convenio suscripto originalmente en 2010 para el suministro de gas de regalías destinado a su industrialización, así como la resolución del litigio judicial iniciado por TEQSA, que exige la devolución de 30 millones de dólares pagados en 2011 como parte de ese mismo entendimiento.

El documento reconoce que la Provincia mantiene una deuda con TEQSA equivalente a 455.468.738,26 metros cúbicos de gas, o 16.757.495,90 MMBTU, entregados por la empresa en carácter de adelanto del primer pago. El monto, que ascendió a 30.092.336 dólares, será reintegrado a la firma a través de beneficios fiscales hasta alcanzar el valor compensatorio. Este mecanismo se aplicará mientras la Provincia continúe sin disponibilidad de sus regalías gasíferas, las cuales se encuentran comprometidas como garantía del Bono TFU 2027 hasta el año 2030.

Como parte del nuevo acuerdo, ambas partes se comprometen a continuar con el suministro de gas para el desarrollo industrial. En ese marco, TEQSA asume la obligación de retomar de inmediato las obras para construir la planta de urea, en un proceso dividido en dos fases.

En la primera etapa, se instalarán y pondrán en funcionamiento dos generadores de turbinas, que alimentarán una central termoeléctrica con una inversión estimada en 100 millones de dólares y un plazo de ejecución de 12 meses. Finalizada esa etapa, si se garantizan las condiciones necesarias de abastecimiento de gas, se dará paso a la segunda fase: la construcción de una planta capaz de producir 450 mil toneladas de amoníaco sintético y 800 mil toneladas de urea granulada, con una inversión adicional cercana a los 730 millones de dólares.

El proyecto también contempla beneficios sociales y económicos para Tierra del Fuego. La empresa se compromete a emplear mano de obra y materias primas locales, a priorizar el mercado nacional para la comercialización del producto con el objetivo de sustituir importaciones y agregar valor dentro del territorio. Además, como parte de sus acciones de responsabilidad social, financiará la construcción de viviendas para residentes de la provincia.

La decisión ahora está en manos del Poder Legislativo, que deberá evaluar el impacto económico, industrial y legal de este acuerdo antes de emitir su veredicto.