Al no haberse sancionado una Ley de Presupuesto antes del inicio del ejercicio, el Gobierno de Tierra del Fuego resolvió continuar con el esquema vigente y poner en marcha la reconducción de las partidas correspondientes al año 2025, que regirán durante 2026.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto 32/26, firmado el 7 de enero, que fija el marco económico-financiero para el nuevo período y habilita al Ministerio de Economía a realizar los ajustes necesarios para garantizar el funcionamiento del Estado.
De esta manera, se estableció un total consolidado de créditos por $2.404.802.180.886, monto que representa la base presupuestaria con la que operarán los distintos poderes y organismos provinciales durante el año.
Según lo dispuesto, el Poder Ejecutivo concentrará la mayor parte de los recursos, con $1,38 billones, mientras que el Poder Judicial contará con más de $105 mil millones y el Poder Legislativo con $26,6 mil millones. También se asignaron fondos al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado para sostener su funcionamiento institucional.
En paralelo, el decreto contempla partidas para una amplia gama de entes descentralizados y organismos autárquicos, entre ellos el Instituto Fueguino de Turismo, Vialidad Provincial, el Instituto Provincial de Vivienda, la Dirección Provincial de Puertos, la DPOSS, la Dirección Provincial de Energía, la Agencia de Recaudación Fueguina y el IPRA, además de otros organismos vinculados a infraestructura, servicios y desarrollo.
El esquema incluye además un fuerte componente destinado al sistema de seguridad social, donde se destacan los recursos asignados a la Caja de Previsión Social, la Caja Previsional de la Policía y la Obra Social del Estado Fueguino, que en conjunto suman varios cientos de miles de millones de pesos.
La normativa establece que todos los poderes y entes deberán presentar, en un plazo de 30 días, la distribución detallada de sus gastos, recursos y planes de obra, con el objetivo de adecuar la ejecución presupuestaria al nuevo ejercicio.
Desde el Ejecutivo provincial se indicó que esta herramienta permite sostener la operatividad del Estado en un escenario económico complejo, atravesado por cambios a nivel nacional y un contexto internacional inestable, lo que obliga a administrar los recursos con mayor margen de maniobra y adaptar el gasto público a la evolución real de la recaudación.
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