El ministro de Trabajo Marcelo Romero dio detalles por Radio Nacional Ushuaia de la presentación del protocolo de tratamiento del acoso y la violencia laboral, que tendrá lugar este viernes, en un acto que contará con la presencia del ministro Claudio Moroni.

“Esto es el corolario del trabajo que viene haciendo el gobierno provincial, porque el acoso y la violencia laboral se viene dando desde hace muchos años. El año pasado entró en vigencia el convenio con la OIT que suscribió el país, sobre trabajo decente, y esto pone en marcha una serie de pasos administrativos para ponerlo en vigencia”, dijo.

“Vamos a tener la visita del ministro de Trabajo Claudio Moroni el viernes, y habrá un acto central con la presentación del protocolo de tratamiento del acoso y la violencia laboral. El día previo va a disertar el Ministro de Trabajo de Río Negro, que ha sido coordinador del Consejo Federal del Trabajo y va a brindar su experiencia; y también va a disertar el Secretario de Trabajo de la provincia de Neuquén, que fue presidente del Consejo Federal en tres períodos y miembro representante ante la OIT de la Argentina”, informó.

“El ministro Moroni viene a acompañar la decisión provincial de implementar los protocolos administrativos y seremos la séptima u octava provincia que lo pone en marcha. El modelo neuquino está dando resultado y hay variantes que surgen. Al no tener elementos punitorios en sede administrativa hay que ver cómo se trata. Además va a tener una reunión con la CGT local para analizar el panorama nacional y provincial”, indicó.

Ámbito público y privado

En cuanto a la aplicación del protocolo, recordó que “surge de un decreto del gobernador y tiene injerencia en la administración central, que comprende todos los ministerios y algunas secretarías, y los entes descentralizados. No involucra al Poder Legislativo ni al Judicial, que ya tiene una oficina de bienestar laboral que funciona desde mayo o junio. También alcanza al sector privado y entendemos que lo ideal sería contar con una ley. De hecho se están tratando dos o tres proyecto en comisión. Compartimos la idea de que tenga un alcance integral como Estado provincial, para los sectores público y privado”, expresó.

Consultado sobre las sanciones que le caben al acosador o violento, aclaró que, “como no es punitivo ni sancionatorio, el objetivo es restablecer las relaciones laborales al momento de la ruptura. Todos sabemos que los conflictos laborales empiezan con un problema interpersonal y, si ese problema trasunta las cuestiones laborales y se hace personal, aparece el conflicto laboral. La administración tiene elementos punitorios como la ley 22140, el sumario, y queremos que cada uno cumpla con su función. Vemos un desconocimiento de los funcionarios y los agentes sobre qué debe hacer cada uno, a pesar de que está escrito, y en algunas áreas faltan misiones y funciones. La idea es ir completando esto y la carrera administrativa sería fundamental para que esté todo establecido”, consideró.

“Es importante entender que el conflicto no se suscita entre un denunciante y la institución o la autoridad, sino entre un denunciante y su compañero de trabajo, así sea este su superior jerárquico, porque no deja de ser un compañero de trabajo. Cada institución tiene elementos sancionatorios para ir corrigiendo el tema. Esto obedece a factores culturales arraigados en la sociedad y por eso también este protocolo tiene perspectiva de género”, destacó.

Mujeres, las más afectadas

El ministro Romero señaló que “de las denuncias que recibimos, el 85% fueron radicadas por mujeres, y necesariamente tiene que haber perspectiva de género porque mayoritariamente son las mujeres las que están padeciendo de violencia laboral, que puede ser psicológica y puede llevar muchos años. No todos defendemos nuestros derechos, hay gente que es introvertida, sumisa, y queremos resarcir sus derechos y que el Estado trate este tema”, sentenció.

“Este protocolo viene a establecer una regulación de cómo tratar estos conflictos y allí vamos a tener todos los pasos a seguir. El convenio con la OIT nos dice a los ministerios que tenemos que registrar las denuncias de quienes se sienten agraviados, pero además nosotros tenemos que darles una contención en el ámbito laboral para resguardar sus derechos, por eso vamos a tener un tratamiento distinto. Si bien siempre se hacen audiencias laborales entre partes, en estos casos, para no revictimizar a la víctima, vamos a hacer audiencias por separado, por un lado a quien denuncia y por otro al denunciado. Vamos a preguntarle al empleador si su personal ha cumplido con la capacitación de la ley Micaela, que es obligatoria para todos los funcionarios del Estado provincial, si hizo una información sumaria apenas conoció el tema, y si sancionó a la persona”, detalló.

“Nuestro protocolo también tiene un observatorio y hace unos 15 días creamos una red territorial con nación y pudimos juntar a la municipalidad de Ushuaia, a la provincia, a la nación, al colegio de abogados, al colegio de psicólogos, estuvieron cinco legisladores de la provincia, con el fin de generar una futura ley que dé un tratamiento integral”, apuntó.

Cómo proceder

Respecto de los pasos que debe seguir el trabajador o trabajadora que padece acoso o violencia, dijo que “la víctima de violencia laboral puede concurrir al Ministerio de Trabajo para asesorarse o para radicar la denuncia. Una vez que radica la denuncia, en un plazo no mayor a siete días se debe realizar la primera audiencia con el denunciante, y a partir de ahí se abre la tramitación prevista en el protocolo que vamos a presentar”.

“Hay muchas presentaciones que se están dando y seguramente después de las disertaciones de esta semana y la llegada del ministro vamos a tener más. Eso es bueno porque si somos catalizadores de una situación que vive el trabajador, bienvenido sea.El protocolo es el mismo si el denunciado es un funcionario de carrera que si es funcionario político, porque son considerados compañeros de trabajo en el ámbito laboral y tienen una relación de poder. En estos temas actúan en forma simultánea la sede administrativa y la judicial. En la sede administrativa, más allá de registrar la denuncia, vamos a generar todos los antecedentes para que el trabajador que desee recurrir a la justicia lo pueda hacer, y el juez va a tener la denuncia y el camino administrativo que se llevó adelante”, expresó.

“El convenio de la OIT establece que la mera presentación de la denuncia es prueba de que hubo acoso laboral, y luego ante el juez hay que demostrarlo. Nosotros generamos todos los antecedentes para el caso de que el trabajador quiera recurrir a la justicia, pero la idea es que se solucionen los problemas en el ámbito laboral. A veces se puede y otras no. Hay muchas situaciones que se solucionan en el día: se cita al empleador, a la gente de Recursos Humanos y se va solucionando. Apelamos a medidas de prevención, a la capacitación en el sector público y privado, con misiones y funciones claras, para solucionar estos temas”, remarcó.