El secretario de Malvinas y Atlántico Sur, Andrés Dachary, dialogó con Fm La Isla y cuestionó duramente el decreto firmado por el presidente Javier Milei que autoriza ejercicios militares en distintas bases, incluida la de Ushuaia, sin pasar por el Congreso de la Nación. Según Dachary, la medida constituye una "flagrante ilegalidad", ya que la Constitución y las leyes nacionales establecen que la autorización para el ingreso de tropas extranjeras corresponde exclusivamente al Congreso.

“Más allá del rechazo político, hay una ilegalidad que estamos estudiando y los caminos para que este decreto no tenga vigencia”, aseguró Dachary en diálogo con nuestro medio. Además, indicó que la única alternativa viable para la provincia frente a esta situación es la vía judicial, mientras que los equipos jurídicos analizan distintas estrategias.

El funcionario expresó preocupación por la posibilidad de que este tipo de decisiones afecte no solo a Tierra del Fuego, sino a toda la nación. “Estamos ante un riesgo enorme: permitir que militares de otros países ingresen al territorio nacional sin la autorización del Congreso es una responsabilidad que no puede recaer en una sola persona”, dijo.

Dachary también criticó la postura de ciertos sectores políticos cercanos al presidente, que avalan medidas de este tipo sin cuestionarlas, y señaló que la situación se agrava por el contexto social y económico que atraviesa el país. “No podemos naturalizar que un presidente autorice cosas para las cuales no está facultado. Esto es una locura y estamos entrando en un terreno muy complicado”, sostuvo.

El secretario recordó además que este decreto se suma a otras decisiones del gobierno que, según su análisis, afectan a diversos sectores, desde la salud y la educación hasta la defensa de los derechos de minorías y la soberanía nacional. “Estamos ante un presidente que se ha levantado y ha tomado decisiones que van en contra del bienestar común y de los intereses nacionales”, afirmó.

Dachary concluyó destacando la necesidad de proponer nuevas leyes para evitar que este tipo de situaciones se repitan y reiteró que la defensa del estado de derecho y la Constitución está por encima de cualquier consideración política: “Lo que está en juego es la república, la división de poderes y la seguridad jurídica del país”.