Comunicado de Manekenk:

Desde octubre de 2020, la Legislatura de la Provincia tiene en su poder la aprobación de la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Tierra del Fuego, sin embargo, por presiones corporativas, con el Ingeniero Vukasovic (ex funcionario del gobierno de Bertone y ex representante ambiental de la empresa a cargo del Corredor del Beagle) y el ex legislador Lechman a la cabeza, peligra su aprobación y el buen estado de conservación del bosque fueguino.

El proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Tierra del Fuego, se inició a mediados del año 2012, después de la sanción del primero a través de la Ley 869, y llegó a la Legislatura Provincial, de la mano del Decreto de Convalidación de la actualización del OTBN (Decreto 1377/2020), en el mes de octubre de 2020.

Durante la discusión del primer OTBN, entre 2008 y 2012, las presiones de un pequeño sector con intereses sobre el bosque, sembraron dudas y temores infundados a profesionales, propietarios y madereros, sobre lo que sería la aplicación de semejante norma y los riesgos que entrañaría para estos sectores. Fue necesario un incendio forestal de magnitud (Bahía Torito) y una enorme presión popular, para que los legisladores se decidieran a aprobar tan beneficiosa norma, tanto para los bosques, para su gestión, como para los propietarios y usuarios.

A partir del ingreso a la legislatura de la actualización del ordenamiento (Asunto 391/2020, octubre 2020), recién en abril de 2021 se convocó a las autoridades y técnicos a una primera reunión de Comisión para explicar la actualización del OTBN en la Comisión N° 3

A los pocos días de dicha presentación ya se hicieron sentir las mismas presiones corporativas que dificultaron el proceso original de 2012. Con la salvedad que en esta oportunidad se cuenta con el recorrido de 9 años de aplicación de la norma, de la gestión del fondo a través de planes, que han beneficiado a diversos sectores.

El bloque de la UCR manifestó preocupación por los cambios en el ordenamiento sobre las propiedades privadas y puso en duda los procesos participativos llevados a cabo entre 2012 y 2019 en el marco de la Comisión Consultiva de Bosques Nativos (CCBN).

La Comisión Consultiva de Bosques Nativos (CCBN), creada mediante la Ley Nº 869[1], está conformada por los más diversos sectores con intereses en el uso del bosque. Desde las organizaciones ambientalistas, pasando por la sociedad rural, los tres municipios, el sector científico y académico, productores madereros, colegio de ingenieros, aserraderos y legislatura, entre otros. Más de 17 instituciones de la provincia opinan y se reúnen para decidir de forma participativa sobre el destino de los bosques nativos. Dentro de un marco de respeto y participación, que no se da en otras jurisdicciones, desde 2012, han podido expresarse cada una de las instituciones aportando su visión sobre el manejo de los bosques, tratando de compatibilizar conservación, producción y recreación.

En noviembre de 2018 en una reunión absolutamente legítima de la CCBN, y previo debate y estudio pormenorizado de la documentación y cartografía del OTBN, enviada con un mes de anticipación, comparando el vigente con la nueva propuesta de actualización, por consenso se apoyó la propuesta de la Dirección de Bosques, suscribiendo todos los presentes el acta, dando por cerrado, por fin un proceso de casi 6 años de trabajo. Y hace unos días, esa misma Comisión Consultiva, volvió a ratificar esa actualización, con una presencia aún mayor de miembros.

No obstante, la sombra oscura de algunos poderes corporativos, muy minoritarios (algunos dueños de estancias), políticas (ex funcionarios del bertonismo que se movieron de los dos lados del mostrador estado y empresas) y económicas, avanzaban por fuera del ámbito institucional que marca la Ley, presionando a ciertos sectores Legislativos cuestionado un proceso absolutamente legítimo, transparente y participativo.

El ex legislador Lechman, como reciente dueño de la Estancia La Fueguina, el Ingeniero Vukasovic como representante del Colegio de Ingenieros y un asesor del bloque de la Legisladora Liliana Martínez Allende, cuestionaron de forma irracional y por fuera de toda institucionalidad, el proceso realizado durante los últimos 6 años, cuestionando el proceso participativo y afirmando que sus vacas no tendrán para comer si se conserva el bosque.

Cabe destacar que estos señores, que representan el establishment corporativo del sistema forestal fueguino, son los mismos que se opusieron en 2012 a la sanción de la Ley y ahora se oponen a que, a pesar del acuerdo de todos los sectores, se busque conservar el bosque y mejorar su aprovechamiento para las generaciones actuales y futuras.

Los cambios realizados y propuestos para la actual revisión, se concentran mayoritariamente en los Ejidos Municipales, como es lógico, el sector más dinámico en cuanto a su expansión, que es imprescindible actualizar con regularidad (Casi una década es mucho tiempo para la dinámica de nuestras ciudades), la incorporación de la Isla de los Estados y mejoras en la calidad cartográfica general. Aquellos realizados sobre propiedades privadas, muy minoritarias, constituyen un ajuste de sintonía fina realizado a partir de peticiones de los propios dueños y que los beneficia o al menos satisface sus propuestas y demandas planteadas oportunamente.

Peligran los bosques fueguinos si se pretende dilatar aún más un proceso largamente extendido, que debió cerrarse en 2019, peligran los bosques fueguinos si esta legislatura, bajo la presión de los intereses de algunos particulares, impiden la actualización de una norma de interés colectivo, que por otra parte y como fuera descripto, ningún actor fue dejado de lado en el proceso de consulta.

Es necesario subrayar que la Ley Nacional N° 26.331 está vigente en todo su alcance normativo, y que el efecto de la no actualización del OTBN por Ley, perjudica en primer lugar a los Municipios, donde se concentran la mayor parte de los cambios, paralizando la realización de urbanizaciones ya planificadas, perjudicando a las familias que se encuentran a la espera de una solución habitacional, y por otra parte, bloquea la llegada de los fondos, que permiten la ejecución de Planes de manejo, conservación y aprovechamiento del bosque, beneficiando a múltiples sectores.

¿Seguiremos escuchando las corporaciones o la legislatura priorizará el interés colectivo?

¿Lechman y Vukasovic tienen más peso que toda la comunidad fueguina, quien se expresó en numerosas oportunidades en defensa del bosque nativo?