La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que suspenda los embargos aplicados sobre empresas y PyMEs que atraviesan dificultades económicas, al considerar que este tipo de medidas puede agravar aún más la crisis que enfrenta el sector privado.

El planteo fue realizado mediante una nota enviada al titular de Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Andrés Vásquez, con copia al ministro de Economía, Luis Caputo. En el documento, la entidad empresarial expresó preocupación por las acciones de cobro impulsadas por el organismo recaudador.

Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios señalaron que los embargos sobre sumas que las empresas deben cobrar de sus clientes afectan directamente el flujo comercial y financiero de las firmas. Según explicaron, estas medidas generan que los clientes sean notificados para retener pagos y transferirlos directamente a ARCA hasta cubrir el monto reclamado.

La nota fue firmada por el presidente de la entidad, Mario Grinman, y el secretario Ángel Machado. Allí sostienen que, si bien reconocen que el organismo actúa dentro de sus facultades legales, consideran que este tipo de decisiones resultan “inoportunas” en el actual contexto económico.

La CAC advirtió que muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, enfrentan una combinación de caída de ventas, menores márgenes de rentabilidad, incremento de costos operativos, tasas de interés elevadas y dificultades para acceder al crédito.

En ese sentido, remarcaron que profundizar las restricciones financieras podría llevar a algunas firmas a una situación irreversible e incluso empujar a las más pequeñas hacia la informalidad o el cierre de actividades.

Además, la entidad reclamó una flexibilización en los planes de pago y pidió que ARCA instruya a sus áreas legales para evitar la aplicación de medidas precautorias mientras persista el complejo escenario económico.

Finalmente, desde la Cámara sostuvieron que acompañar a las empresas en este período permitiría preservar gran parte del entramado productivo y comercial, favoreciendo a futuro la recuperación de la actividad económica y también del propio crédito fiscal del Estado.