Según los fundamentos, la empresa estatal no logró cumplir los objetivos para los que fue creada, como la producción de medicamentos, antibióticos y sueros. En cambio, se mantuvo operativa principalmente gracias a transferencias del Tesoro provincial, sin generar ingresos propios de relevancia.

El texto también recuerda que, pese a los pedidos de informes realizados en distintas oportunidades, las respuestas oficiales fueron consideradas incompletas o insatisfactorias.

La iniciativa prevé que el proceso de liquidación esté bajo supervisión de la Fiscalía de Estado y del Tribunal de Cuentas, con el fin de garantizar transparencia. Además, establece que el personal sea reubicado en otras áreas de la administración pública, resguardando la continuidad laboral.

En sus consideraciones, el proyecto remarca que los fondos públicos deben destinarse de manera prioritaria a áreas como salud, educación, seguridad y desarrollo productivo, en lugar de sostener una estructura que definen como deficitaria y sin resultados concretos.

De esta manera, el debate sobre el futuro del Laboratorio del Fin del Mundo —que lleva casi una década en funcionamiento— vuelve a la Legislatura, que deberá resolver si avanza o no con la derogación de la ley.