En un contexto de creciente visibilidad y debate político sobre los derechos y las políticas públicas para las personas con discapacidad, la Secretaria Provincial de Discapacidad, Stella Maris Sotelo, brindó una entrevista a Fm La Isla, en la que analizó la situación actual en Tierra del Fuego y la relación con las gestiones nacionales.

Con más de 2.000 pensiones RUPE vigentes en la provincia, un aumento sostenido en las solicitudes y una fuerte demanda por asistencia económica y habitacional, la secretaria expuso los principales desafíos que atraviesa su área, a la vez que valoró el reciente avance legislativo nacional con la media sanción de la ley de emergencia en discapacidad.

Sotelo explicó que la Secretaría de Discapacidad de Tierra del Fuego forma parte del Consejo Federal de Discapacidad, que reúne a representantes de todas las provincias. “Tenemos cuatro asambleas anuales, y en la última que fue en mayo, en Buenos Aires, la temática principal fue la accesibilidad en la votación. Además, está presente la preocupación por la defensa de derechos de las personas con discapacidad”, señaló.

Consultada sobre los recursos provenientes de Nación, indicó que la Secretaría provincial no recibe financiamiento directo para su funcionamiento, sino que opera con recursos provinciales. “Hay algunos programas nacionales, como las pensiones, pero son limitados y con trámites muy burocráticos que dificultan el acceso. Nosotros acompañamos a las personas para que puedan tramitarlo, pero no es sencillo”.

Uno de los programas nacionales destacados es el destinado a fomentar la contratación de personas con discapacidad en comercios, empresas y cooperativas. Sin embargo, según Sotelo, “el trámite es muy engorroso, y los requisitos se mantienen casi igual desde gestiones anteriores, lo que dificulta su acceso. Por eso preferimos acompañar desde la provincia directamente”.

En cuanto a la ayuda técnica, mencionó que “por suerte, se extendió durante todo el año, ya que anteriormente la cantidad de papeles y requisitos hacía muy difícil obtenerla”.

Actualmente, la provincia cuenta con alrededor de 2.013 pensiones RUPE vigentes, con un aumento en las solicitudes en los últimos meses. “Hay un fenómeno mundial de crecimiento en la cantidad de personas con discapacidad, en muchos casos por mayor visibilización y diagnóstico, especialmente de autismo en niños”, explicó Sotelo.

Además, advirtió que la mayoría de las pensiones nacionales se encuentran actualmente en auditoría, lo que retrasa aún más el acceso a nuevas pensiones. “Esto afecta a un sector muy vulnerable que necesita mayor celeridad en los trámites”.

Respecto a la media sanción otorgada en el Congreso a la ley de emergencia en discapacidad, la Secretaria provincial expresó que “desde la Secretaría acompañamos a las personas con pensión nacional o sin ella a través de módulos de alimentos y tarjetas de bienestar, por lo que cualquier incremento en recursos impacta positivamente”.

Sin embargo, reconoció que esta ley “es un paso necesario, pero no suficiente. Es urgente discutir una nueva ley nacional que contemple la participación activa de las personas con discapacidad, como establece la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Uno de los temas más críticos es la dificultad para acceder a la vivienda y el alto costo de los alquileres, que afectan gravemente a las personas con discapacidad. “Está muy difícil pagarse un alquiler, y tampoco hay muchas viviendas disponibles. El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) es el organismo encargado de esos temas, pero lamentablemente la entrega de viviendas está prácticamente terminada, sin novedades a corto plazo”, detalló.

Ante esta situación, la Secretaría articula con otras áreas para brindar subsidios momentáneos para alojamiento, aunque “son soluciones temporales, y sabemos que los recursos son muy finitos, por eso tratamos de ayudar en la medida de lo posible”.

Sotelo remarcó que la demanda de las personas con discapacidad, principalmente por cuestiones económicas, ha aumentado notablemente. “Recibimos muchas consultas y pedidos de asistencia, tanto para pensiones, como para módulos alimentarios y tarjetas de bienestar. Desde la Secretaría intentamos articular con distintos organismos para dar respuesta a cada situación”.

En relación con la complejidad burocrática y la falta de recursos nacionales, la Secretaria dijo que “esto genera dificultades que antes no existían o que se han agravado, especialmente en la parte económica y habitacional”.

Finalmente, la funcionaria hizo un llamado a quienes necesiten asesoramiento o ayuda: “Cualquier persona con discapacidad puede acercarse a nuestras oficinas en Alén 160, Río Grande, o en Gobernador Paz 2360, Ushuaia. Estamos disponibles para acompañar y ayudar en todo lo que necesiten”.