Tierra del Fuego registró 593 interrupciones voluntarias y legales del embarazo durante 2025 en el sistema público de salud, de acuerdo con el reporte anual de proyecto mirar, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health. La cifra equivale a un promedio cercano a 50 prácticas por mes.

El dato forma parte del relevamiento nacional sobre el acceso al aborto legal en Argentina durante 2025 y parte de 2026. En el caso fueguino, el informe también permite observar el funcionamiento de la red pública de atención y las estrategias provinciales para sostener la prestación.

Durante el mismo año, en Tierra del Fuego se registraron 1.200 nacimientos. Si bien ambas cifras aportan una referencia sobre la situación sanitaria provincial, no permiten por sí solas explicar la evolución de la natalidad ni abarcan todos los posibles desenlaces de los embarazos.

El reporte identificó ocho establecimientos públicos que garantizan el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en la provincia. Esa disponibilidad representa 16 efectores cada 100.000 mujeres de entre 15 y 49 años, indicador que permite comparar la oferta entre jurisdicciones con distinta cantidad de población.

Otro de los datos relevados señala que el 25% de las mujeres asistidas egresó con un método anticonceptivo reversible de larga duración, como implantes subdérmicos, dispositivos intrauterinos o sistemas intrauterinos. Esto significa que una de cada cuatro personas atendidas accedió a alguno de esos métodos, sin que ello implique que el resto no haya recibido otras alternativas anticonceptivas.

El informe también analizó la provisión de insumos. Frente a la discontinuidad en la compra nacional de medicamentos para los servicios de aborto, Tierra del Fuego integró el grupo de provincias que realizaron adquisiciones con presupuesto propio. Además, figura entre las jurisdicciones que compraron tratamientos combinados de mifepristona y misoprostol.

Según el relevamiento, las compras provinciales resultaron clave para sostener el acceso a la práctica en el sistema público, en un contexto donde distintas jurisdicciones debieron recurrir a fondos propios para garantizar la disponibilidad de medicamentos.

De esta manera, el reporte ubica a Tierra del Fuego dentro del mapa nacional de acceso al aborto legal, con datos sobre cantidad de prácticas, efectores disponibles, atención posterior y provisión de insumos durante 2025.