La presidente de la obra social estatal, Margarita Gallardo, se refirió por FM Del Sur a la reunión de la comisión de salud de la que participó este lunes y se extendió por dos horas y media, para abordar algunos reclamos de afiliados y personas con discapacidad.

“Fui con los equipos técnicos y jurídicos que tiene la obra social, para tener accesible toda la información que pudieran requerir los legisladores. Estaban los vocales electos de la obra social y las organizaciones conocidas por la defensa y reivindicación de la discapacidad”, detalló.

Expuso que “las dudas que surgieron fueron en parte de los vocales electos, producto del desconocimiento y por no adentrarse en la realidad de la obra social. No sólo yo tuve esa percepción sino también legisladores que son opositores al gobierno que represento, que con énfasis les indicaron que su rol no era ser denunciadores sino que tenían que ocupar el rol para el cual fueron elegidos. El hecho de estar confrontando permanentemente con la ley, cuestionando la estructura del directorio, no haber presentado ningún proyecto y no dar quórum pero sí disfrutar de un digno sueldo a fin de mes, era bastante contradictorio”, planteó.

Aseguró que “se fueron salvando algunas diferencias” con las asociaciones que representan a las personas con discapacidad y remarcó que “la obra social tiene una resolución que fija la cobertura de un cien por cien” a este sector.

“Incluso las técnicas de apoyo están sustentadas en la resolución del Ministerio de Salud, con los valores actualizados, a los cuales hay que sumarles el 20% adicional por la zona patagónica. Esto se les demostró porque cuestionaban algunos reintegros que no coincidían con valores nuestros. Nosotros estamos aplicando la resolución ministerial. No había mucha confusión sino simplemente el debate político de un año electoral, basado en cuestiones que no tenían mayor sentido”, argumentó respecto de la polémica que se había desatado, en particular por el arancel que se les exige pagar para las prestaciones.

Gallardo explicó que “los 100 pesos que la Asociación de Profesionales está cobrando son un ajuste al valor de la consulta que establece la COMRA –Confederación Médica de la República Argentina-, que tiene categorizaciones y ajustan la consulta a otros valores de mayor costo de los que estamos hablando. La Asociación solamente decidió cobrar el arancel compensatorio de 100 pesos”, destacó, previendo que podría haber sido más.

Dado que las personas con discapacidad creen que no se les tiene que cobrar ese monto, dijo que “hubo un pedido de la legisladora presidente de la comisión (Liliana Martínez Allende) y lo estamos evaluando. Vamos a ver cómo lo organizamos. Personalmente pienso que hay otras situaciones comprendidas, pero el acento está puesto en las personas con discapacidad”, dijo.

Afirmó que “la obra social no modificó ninguna condición del convenio, ni el valor del coseguro. Mucha gente llama a esto coseguro y no lo es. El coseguro se mantiene en los 10 pesos y es una suma que no se ha modificado en muchos años”.

Reiteró que los 100 pesos de arancel obedecen a “una decisión que tomó la Asociación de Profesionales en un tema donde la obra social no tiene injerencia”.

Se había hablado de montos no sólo de 100 pesos sino de hasta 500 pesos que se estaban exigiendo, según la especialidad, pero Gallardo negó que se llegue a esa suma. “La Asociación entiende que es un arancel compensatorio en concepto de honorarios médicos, para ajustar el valor de la consulta a los valores que fija la COMRA. Esto no lo puede absorber la obra social”, dijo, sin posibilidad de dar marcha atrás.

“Es imposible, es definitorio y eso lo aclaré a los legisladores. Presupuestariamente la obra social no puede absorber este arancel compensatorio. Por presupuesto tenemos aprobado un incremento de valores a partir de abril, que vamos a aplicar a nuestros prestadores”, informó.

“Nosotros como administradores de este presupuesto, tenemos que ajustar un presupuesto de 1.098 millones, que tiene que estar distribuido en base a la equidad, la solidaridad, en proporción a los costos de salud, que son altísimos. Hoy son muy onerosos los costos en servicios sanitarios, y hay que ir permanentemente chequeando y evaluando nuestro presupuesto, para ajustar partidas”, argumento.

“No tengo informado por la Asociación que el arancel sea de 500 pesos, es de 100 pesos”, aseveró y, de haberse exigido ese monto, barajó que los afiliados “puede ser que vayan a algunos profesionales que no están convenidos. En esto yo he sido muy firme, porque todas las obras sociales se manejan con una red prestacional y no están obligadas al reintegro cuando la persona excede ese marco prestacional. Si no, no habría manera de auditar las prestaciones”.

“Para hacer un convenio, a cada prestador se le exige un montón de condiciones, como seguro de mala praxis, habilitaciones y toda la documentación que exige un convenio. Cuando la persona excede a ese marco, nosotros no sabemos qué pagamos”, sostuvo de los que recurren a profesionales fuera de convenio.

Apuntó que en la reunión “se pidió por los beneficiarios RUPE” y dijo que “toda propuesta es bienvenida, siempre y cuando los números puedan ajustarse a todo este tipo de alcances”, sin confirmar si podrá haber alguna excepción.

Gallardo destacó que el arancel de la Asociación de Profesionales es más bajo que en otras obras sociales. “Otras obras sociales tienen otro valor de consulta. Nosotros tenemos 52 mil afiliados, por eso el valor de la consulta está proporcionado al presupuesto que tenemos y la cantidad de afiliados. Ninguno se quiere ir de la obra social”, remarcó.

Además indicó que “en esta gestión hemos acelerado los circuitos administrativos para que tengan regularidad en el pago y eso lo estamos cumpliendo. La Asociación tenía un atraso y lo hemos revertido”.

Y aclaró a los que no quieran pagar los cien pesos, que “la obra social también tiene efectores donde no hay que pagar este arancel compensatorio, que no es coseguro ni un valor indicado por la obra social”.

Para Gallardo, en la reunión quedaron saldadas las dudas de los legisladores. “Después de dos horas y media, interpreto que con bastante apoyo técnico, creo que no han quedado preguntas sin responder. Ha sido muy extensa la explicación que hemos dado, con números para que pudieran cotejar y con políticas institucionales que se han fijado desde la obra social”, dijo.

“La obra social creo que ha satisfecho las preguntas de los legisladores”, fue su evaluación.

Con respecto a la relación dentro del Directorio, Gallardo citó como ejemplo que “de seis reuniones de directorio, un director se presentó en dos, y otro en una. En Presidencia no cuento con ninguna propuesta y esto lo planteé en la Legislatura, porque me sorprendió el rol con que actuaron, tan preocupados por algunos temas, en base al desconocimiento, porque no sabían sobre coberturas ni si tenían certificado de discapacidad”, aseveró, indicando que estos directores “pusieron sobre la mesa temas de afiliados que no tenían certificado de discapacidad”.

“No tengo ninguna propuesta y ningún proyecto para ser debatido en el directorio de parte de los vocales. Esto también fue señalado, porque hoy no es el rol de denunciadores sino de generadores de acciones. Yo estuve tres años en un directorio muy adverso y no me cansé de presentar proyectos, que pueden ser aprobados o no. Hasta ahora no tengo ninguna propuesta que indique en qué dirección pretenden ir los electos”, fustigó.

Por otra parte, en declaraciones a Radio Nacional Ushuaia, Gallardo adelantó un convenio beneficioso con la Clínica San Jorge, que va a permitir reducir sensiblemente el número de derivaciones de pacientes fuera de la provincia.

Dio cuenta de la reunión mantenida con el Dr. Sánchez Posleman, para “definir aspectos del atractivo convenio que podemos llegar a hacer con la clínica”, dijo.

Y explicó que es “atractivo, porque tenemos como indicadores de mayor causal de derivación los casos de oftalmología, cuando tenemos varios prestadores convenidos en la provincia; y la segunda especialidad es oncología. Estamos evaluando anexar al convenio un módulo de oncología muy completo, y con eso evitaríamos un gran número de derivaciones que tenemos”, anticipó.

“Hemos elaborado un comité de derivaciones interno y nos hemos encontrado con todos los empresarios sanatoriales privados y efectores públicos, para conformar referentes de cada institución, sea pública o privada, y aprovechar al máximo la capacidad instalada que tiene la provincia”, apuntó.

La intención es “corrernos del concepto de derivación salvo lo que implica la legítima complejidad”, remarcó, y valoró que “en este encuentro estuvo presente la gobernadora, presenció los números que está manejando la obra social y fue muy bien recibido este encuentro por parte de los prestadores”.