Mientras Chile da pasos concretos hacia la construcción de un túnel submarino en el Estrecho de Magallanes, la Argentina sigue sin cumplir su propia legislación para garantizar una conexión soberana con Tierra del Fuego, dejando en evidencia años de abandono estratégico y falta de continuidad política.
El gobierno chileno anunció esta semana un avance clave en el proyecto que unirá Punta Delgada con Bahía Azul, en la región de Magallanes, a través de un corredor subterráneo de apenas 3,7 kilómetros, en una zona considerada geológicamente favorable. La iniciativa cuenta con respaldo técnico del gobierno de Noruega, país que opera más de 40 túneles submarinos y que aportaría asesoramiento e inversión.
De concretarse, esta obra permitiría una conexión permanente entre el continente chileno y su porción de la Isla Grande de Tierra del Fuego, y se convertiría además en un paso estratégico para el tránsito argentino: según estimaciones de la Federación Popular de Transporte (FePoTra), el 85% del tráfico esperado sería de vehículos argentinos, en su mayoría camiones vinculados al régimen industrial fueguino.
Argentina: ley vigente, proyecto ausente
En contraste, Argentina no ha avanzado con la implementación de la Ley 26.776, sancionada por unanimidad en 2012, que declara como política de Estado la integración física del continente con el territorio fueguino. La norma instruía al Poder Ejecutivo a realizar estudios técnicos en 60 días y establecer una traza soberana para garantizar el cruce por aguas nacionales. A más de una década, nada de eso se cumplió.En 2015 se había anunciado un fideicomiso de 100 millones de dólares para iniciar los estudios de factibilidad, pero el proyecto fue abandonado por las gestiones siguientes. Mientras tanto, Argentina sigue dependiendo del cruce por barcazas chilenas, con altos costos logísticos, demoras, y una pérdida progresiva de capacidad de decisión sobre su propia conectividad territorial.
Un espejo geopolítico
La diferencia entre ambos modelos es elocuente. Chile proyecta con visión de largo plazo y ya gestiona un modelo de financiamiento mixto (público y privado) para cubrir los primeros 100 millones de dólares necesarios para iniciar la obra. El gobernador de la región de Magallanes, Jorge Flies, lidera las gestiones para concretar una obra que reforzará la soberanía logística y económica del país vecino.Por el contrario, Argentina no solo incumple su propia ley, sino que se encamina a pagar peajes y ajustarse a regulaciones extranjeras para poder acceder a una parte de su territorio insular. El túnel chileno permitiría a ese país controlar el único acceso terrestre hacia Tierra del Fuego, consolidando su influencia sobre un punto neurálgico para el transporte, la industria y la geopolítica del Atlántico Sur.
Un retroceso estratégico
De los tres grandes objetivos que Argentina había proyectado para Tierra del Fuego en los años 70 —la Promoción Industrial, una base naval antártica y una conexión soberana con el continente—, solo uno continúa vigente, y no sin cuestionamientos.La concreción del túnel chileno, si bien representa un avance técnico, también marca un retroceso histórico para la soberanía logística argentina, especialmente en un momento donde la región enfrenta presiones crecientes por recursos naturales, presencia extranjera en el Atlántico Sur y disputas geopolíticas vinculadas a la Antártida.
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