El Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, inició los juicios de exclusión de la tutela sindical contra los 17 gremialistas docentes condenados por el ataque y la toma de la Casa de Gobierno de mayo de 2013, según confirmaron ayer fuentes vinculadas al caso.

Además de la condena judicial producida el año pasado, y que no se encuentra firme, los dirigentes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) fueron exonerados de la administración pública a través de un decreto que suscribió la ex gobernadora Fabiana Ríos, poco antes de la finalización de su mandato.

Sin embargo, la exoneración no puede hacerse efectiva hasta que la Justicia Laboral no defina si le quita a los involucrados la tutela sindical (por su condición de gremialistas) que es el paso que restaba llevar a cabo.

La misión de iniciar esos procesos le corresponde a la Fiscalía de Estado, cuyo titular ya realizó las presentaciones, según trascendió ayer.

Martínez de Sucre inició los juicios de exclusión ante el Juzgado Laboral de Ushuaia, a cargo del juez Guillermo Penza, quien ahora deberá correr el traslado de las demandas a los gremialistas para que efectúen su descargo.

El fiscal realizó otra presentación en el marco del mismo expediente, que habría sido resuelta ya por el juez Laboral, aunque no trascendió todavía el contenido de ese pronunciamiento.

Este medio intentó ayer obtener copia del fallo pero la respuesta de las autoridades judiciales fue que la medida todavía estaba siendo notificada a las partes, por lo que no podía difundirse públicamente.

En ese sentido, se estima que entre hoy y mañana, el juzgado estará en condiciones de dar a conocer el pedido que realizó el organismo de control y la respuesta que obtuvo de la Justicia.

En relación a la exclusión de la tutela sindical, es el último paso que resta para que el Gobierno pueda hacer efectiva la exoneración, que implica la desvinculación del Estado de los dirigentes acusados, entre ellos el secretario general del Sutef, Horacio Catena.

No obstante, la decisión de Penza no será definitiva y podrá ser recurrida ante instancias superiores de la Justicia, como la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Río Grande.

Instancia agotada

Los gremialistas exonerados habían presentado recursos administrativos de reconsideración contra la decisión adoptada durante la gestión de Ríos,  y que fue notificada a los sindicalistas el 21 de diciembre del año pasado.

Luego, la actual gobernadora Rosana Bertone resolvió rechazar esos recursos y ratificar lo resuelto por su antecesora en el cargo, a través de un decreto conocido a comienzos del mes pasado.

El rechazo a los recursos sostuvo que los argumentos utilizados por los dirigentes no lograron conmover los fundamentos de la exoneración, según reveló EDFM en su edición del 8 de abril.

Bertone decidió entonces “no hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto contra el decreto provincial N° 3004/15, el cual dispuso la exoneración de los docentes”.

La mandataria compartió de esta forma que los sumariados “transgredieron lo establecido en la ley nacional 22.140”, y también hizo saber que una vez agotada la vía administrativa, se abrían los plazos para acudir a la Justicia Laboral, dentro de los noventa días hábiles judiciales, a los efectos de cuestionar el fondo de la decisión adoptada, es decir la exoneración del Estado.

En el caso de Catena y de la docente Verónica Alfonso, el Gobierno sostuvo que presentaron el recurso de reconsideración “fuera de término”.

En la práctica, la consecuencia de ello es que, según el Poder Ejecutivo,  estas personas no contarían con la instancia de iniciar un juicio contencioso administrativo contra su exoneración.

En cualquier caso, el juez Penza debe resolver ahora si le quita o no la tutela sindical a los exonerados y, recién si esa decisión fuese afirmativa y además quedara firme, las autoridades podrían proceder a hacer efectiva la sanción.

Fuente el diario del fin del mundo