Con el argumento de garantizar seguridad jurídica para inversiones privadas, el Gobierno nacional tiene en marcha una serie de modificaciones a la Ley de Glaciares mediante un decreto que permitirá ampliar las actividades económicas en zonas sensibles del ambiente periglaciar.

El proyecto, en elaboración dentro del Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo, contempla ajustes a la reglamentación de la Ley 26.639 —también conocida como la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares— con el objetivo de habilitar la explotación minera y energética en territorios hasta ahora vedados por razones ambientales.

En la Casa Rosada reconocen que el avance se da tras presiones de empresas del sector minero y energético que pretenden instalar proyectos en áreas de alto valor ecológico. La medida involucra a áreas ubicadas en zonas periglaciares, donde hoy existe una fuerte restricción a la intervención humana.

Este cambio normativo había sido originalmente incorporado en el borrador de la Ley Bases que el oficialismo presentó al Congreso al inicio de la gestión. Sin embargo, debido a la falta de respaldo parlamentario, fue retirado del texto final aprobado en junio de 2024. Ahora, el Ejecutivo retoma ese impulso por la vía del decreto reglamentario.

Además de Caputo, también participaron del armado técnico funcionarios como la secretaria de Energía María Tettamanti, el coordinador de Energía y Minería Daniel González y la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzabal, con quienes se analizan nuevas normativas para fomentar inversiones productivas.

La posible flexibilización de la norma provocó ya reacciones a nivel internacional. El 5 de febrero de este año, la ONU emitió una advertencia formal dirigida al gobierno argentino, a través de un documento firmado por cinco relatores de derechos humanos. En él calificaron las propuestas como "regresivas" y advirtieron sobre su impacto negativo en los defensores ambientales.

El documento fue dirigido a la entonces canciller Diana Mondino, y señalaba que las iniciativas oficiales podrían comprometer los estándares de protección del medio ambiente y afectar el entorno de trabajo seguro para quienes luchan por su defensa.

Estas modificaciones a la Ley de Glaciares no fueron el único punto polémico. En su redacción original, el capítulo también incluía la posibilidad de abrir nuevas áreas de bosques nativos a la explotación comercial, y proponía eliminar el Fondo de Bosques, esquema que finalmente fue desmantelado por el actual Gobierno.

La reforma, que podría ser presentada en los próximos días, reabre el debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y preservación ambiental. Organizaciones de la sociedad civil, colectivos ambientalistas y sectores de la oposición ya anticiparon cuestionamientos, y advierten que un decreto podría sortear el debate legislativo sobre una ley de alto impacto ecológico.