Beneficiarán a unos 2.000 fueguinos que cobrarán unos 300.000 cada uno Destacado

El Gobierno nacional reglamentó la ley de compensación a extrabajadores de YPF con lo que se compensará a aquellos ex trabajadores de la petrolera YPF que, cuando se privatizó la empresa, quedaron excluidos del Programa de Propiedad Participada de la compañía. El anuncio lo hizo la propia presidente Cristina Fernández de Kirchner. La norma beneficiará a 2.000 fueguinos, a 311 pesos cada acción lo que equivale a unos 300.000 pesos para los beneficiarios y/o sus derechohabientes en promedio.

El Gobierno argentino anunció este martes la reglamentación de una ley por la que se compensará a aquellos extrabajadores de la petrolera YPF que, cuando se privatizó la empresa, quedaron excluidos del Programa de Propiedad Participada de la compañía.

\"Hemos procedido a la firma de una resolución que corresponde a una ley que reconoce una indemnización a los extrabajadores de YPF que cuando la empresa se privatizó no pudieron ingresar al sistema de propiedad participada. Es un reclamo que venía desde hace mucho tiempo\", dijo la presidenta argentina, Cristina Fernández, en un acto en la sede del Ejecutivo.

La ley fue aprobada el año pasado por el Parlamento, pero recién ahora es reglamentada por el Ejecutivo mediante una resolución del Ministerio de Economía.

La norma estable el pago de una indemnización para los extrabajadores de YPF que quedaron excluidos del Programa de Propiedad Participada, por el que los empleados debían recibir acciones de la empresa tras su privatización.

La compensación asciende a un equivalente al valor en pesos de 956 acciones de YPF, empresa que cotiza en la Bolsa de Buenos Aires.

En 1990, con vistas a la privatización de la petrolera, se estableció que el 10 por ciento de las acciones de YPF quedara en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada, titular de acciones clase C.

Pero en 1997, el Estado argentino y el directorio de YPF pusieron en venta esas acciones sin la autorización de los trabajadores mediante un decreto del entonces presidente argentino, Carlos Menem, que en 2001 fue declarado inconstitucional e invalidado por la Corte Suprema.

YPF está nuevamente bajo control del Estado desde 2012 tras la expropiación de un 51% de acciones de la petrolera que estaban en manos de la española Repsol.