El Dr. Federico Rauch asumió la defensa del SUTEF, convencido de que existe una “clara ofensiva judicial en todos los frentes” por parte del gobierno, que pretende “sacar del juego y quitar representación” al sindicato docente.

En diálogo con FM Del Sur, confirmó su decisión de asumir la representación tanto del SUTEF en general como de Horacio Catena y los dirigentes imputados en distintas causas en particular: “Nosotros hemos tomado la decisión después de evaluar detenidamente las múltiples actuaciones, porque es una verdadera ofensiva judicial en todos los frentes, que está sufriendo el gremio SUTEF. Son más de una docena de dirigentes, prácticamente la totalidad”, sostuvo.

“Hemos visto que hay una clara ofensiva, en el marco de una protesta social. Hoy los docentes de Tierra del Fuego se encuentran con una subrepresentación, es decir con una situación en la que sus dirigentes se encuentran fuertemente constreñidos y limitados, con lo cual el resto de los docentes evidentemente se encuentra con problemas de representación”, aseveró.

El Dr. Rauch apuntó al gobierno y señaló que “el Poder Judicial actúa en función a denuncias y partes que impulsan los procesos, no actúa solo. Cuando hablo de una ofensiva judicial, me refiero a quienes la promueven, el gobierno y el Poder Ejecutivo en este caso”, denunció.

“Yo tengo más de 40 años de ejercicio profesional, he examinado la situación detalladamente, con tranquilidad y del punto de vista objetivo, y noto que hay una decisión y una intención muy concreta por parte del gobierno, de eliminar, sacar del juego, y de esta manera subrepresentar o quitar representación al SUTEF, sin ninguna duda”, sentenció.

Se le consultó si Horacio Catena fue a su criterio bien imputado, porque hubo hechos concretos vinculados con la toma de la Casa de Gobierno, entre otros. “Esto implica un juicio de valor y yo no intervine en esas causas –aclaró-. Una de ellas está prácticamente terminada”, dijo de la toma de la Casa de Gobierno, aunque para el abogado “no hubo tal toma, según las constancias. Eso es un refrán periodístico, se habló de esa forma, pero en las constancias de la causa no hubo toma”, remarcó.

“Tomar un edificio significa tomar posesión de él, efectuar un control sobre un determinado lugar y eso jamás ocurrió, ni remotamente. Lo que sí hubo efectivamente fue una situación de violencia muy clara entre la policía y los manifestantes del SUTEF y de Camioneros, en las inmediaciones de Casa de Gobierno y dentro de ella. Ese es un hecho absolutamente probado”, dijo.

El disparador

Luego se refirió al desalojo del acampe que se realizó este año, como “el motivo central que motiva mi intervención en esto”.

“Este acampe de la Unión de Gremios sobre la avenida San Martín generaba realmente una molestia importante a los vecinos, no permitía el libre tránsito de vehículos, y era una situación muy concreta que se dio largo tiempo, prácticamente tres meses. Como consecuencia de ello, un comisario de policía tomó la decisión de disolver esa manifestación”, recordó.

“Técnicamente hablando, eso es una manifestación pacífica, porque no están pegando, ni rompiendo, ni ejerciendo violencia, sino una manifestación pacífica que obstaculizaba la vía pública frente a Casa de Gobierno, ejercitando la protesta sindical o protesta social”, definió.

“Como constitucionalista, debo definir que se estaba ejercitando un derecho de reunión pacífica”, sostuvo, y observó que la prohibición de ingreso al edificio “no está en la causa y la policía no denuncia ese hecho. Hay denuncias de algunos funcionarios que no están probadas. Son declaraciones de ellos y en mi opinión no es un hecho probado. De todos modos, esa circunstancia no tiene nada que ver con la respuesta. Suponiendo que así fuere y que esos funcionarios hubieran dicho la verdad, la respuesta a eso no es la decisión de que un comisario, a altas horas de la noche y sin orden judicial, haga uso de la fuerza policial y con violencia, que es la violencia estatal y no de los gremios”, cuestionó.

Hizo un paralelismo con la Carpa Blanca frente al Congreso durante casi dos años, que no fueron reprimidos como ocurrió en Tierra del Fuego, y cargó contra el Ejecutivo: “Esa fue una decisión tomada por ellos mismos, se consideraron con el derecho, y consideraron que era legítimo que el Poder Ejecutivo hiciera uso de la fuerza pública para disolver una manifestación”, enfatizó.

“Esa situación decidió mi intervención, porque el problema consiste en que ellos mismos reconocen que no fueron al Poder Judicial de Tierra del Fuego y aquí se afecta la división de poderes. El que debe evaluar la tensión de derechos es el Poder Judicial, y no tuvo oportunidad de ejercer la función que la Constitución le asigna. Había un derecho a manifestarse y hacer el reclamo salarial; y por otro lado el derecho del resto a transitar con un auto por ahí. Un poder con imparcialidad e independencia debe equilibrar derechos de igual orden, sea el derecho de los comerciantes, o el de la gente a manifestarse, que es fundamental para la democracia”, planteó.

“La persona que decida esto no puede ser un comisario de policía. Tiene que ser un juez independiente e imparcial; y no estuvo ese juez”, reiteró.

“Si hubiera habido orden judicial, no estaríamos hablando de esto. El desalojo hubiera sido legítimo. Yo soy un firme defensor de la Constitución y en democracia se deben respetar los derechos constitucionales, que están hechos para las personas, no para los poderes ni para los funcionarios de turno. Si la autoridad que equilibra esta tensión de derechos es el Ejecutivo, dejamos de ser una democracia, porque entonces los derechos de la gente pasan a estar en manos de un comisario de policía”, alertó Rauch.

Respecto de los pasos a seguir con Horacio Catena, luego de la decisión que tomó el juez Penza de quitar los fueros sindicales, dijo que “analizará la resolución”, y dado que “mi cliente no está de acuerdo, en función de eso vamos a adoptar las medidas de revisión que creemos pertinentes”, concluyó, sin más detalles de la estrategia judicial a seguir.