El entendimiento se cerró en el plenario de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, donde distintos bloques coincidieron en que el mecanismo participativo no puede reducirse a un trámite formal. La discusión se apoyó en la ley general de ambiente y en el artículo 41 de la Constitución Nacional, con el eje puesto en la interjurisdiccionalidad de las cuencas.
Por eso, el calendario fijó como primer hito el 25 de marzo: habrá una audiencia presencial, con la alternativa de sumar una segunda jornada al día siguiente bajo modalidad virtual. La decisión llegó después de que la propuesta inicial —una sola audiencia extensa en Diputados— recibiera críticas por no contemplar el carácter federal que exige el tema.
El encargado de exponer el plan del oficialismo fue Nicolás Mayoraz (LLA), quien defendió la idea de una audiencia con horario amplio (de 10 a 19) y la posibilidad de participación por Zoom para evitar traslados. Pero frente a los pedidos de audiencias en las zonas afectadas y a la presión opositora, los libertarios aceptaron revisar la redacción y desdoblar el proceso en dos días: uno presencial y otro virtual.
Dentro del plenario también se coló una queja política clave. Beatriz Estévez (Unión por la Patria) cuestionó que el Poder Ejecutivo no haya enviado funcionarios a explicar el proyecto y reclamó que el cronograma incluya una fecha concreta para que un representante del Gobierno dé explicaciones ante los diputados. Esa ausencia, advirtieron varios legisladores, debilita el debate y alimenta sospechas sobre la velocidad con la que se intentaba avanzar.
El esquema acordado apunta a “amplia participación”: permitirá presentaciones por escrito y fijará exposiciones de cinco minutos por persona, con la posibilidad de acortar el tiempo si la cantidad de inscriptos supera lo previsto. Para anotarse se habilitó el correo electrónico de la comisión de Recursos Naturales. Además, se estableció una condición de funcionamiento: la audiencia solo podrá arrancar si hay al menos cuatro diputados presentes por cada una de las comisiones convocadas, para asegurar control parlamentario y pluralidad.
En el intercambio, Maximiliano Ferraro (CC) insistió con que el proceso debe respetar un criterio federal y no concentrarse en una sola jornada en el Congreso, mientras que Sabrina Selva (UP) sostuvo que el acuerdo sobre la audiencia existe, pero que la diferencia decisiva está en “cómo” se implementa. La posición de quienes defendían el formato original —como Silvana Giudici (LLA), que recordó antecedentes de audiencias similares— quedó sin respaldo suficiente.
La discusión también incorporó reclamos sociales: Juan Grabois pidió garantizar la participación de comunidades indígenas registradas en las cuencas afectadas. En la misma línea, María Zigarán (Provincias Unidas) advirtió que el Congreso debe decidir si busca participación real o si solo pretende “cumplir” con una ritualidad; incluso propuso regionalizar las audiencias por zonas. Con ese clima, el Congreso dejó marcado el 25 y 26 de marzo como fechas del debate abierto, pero el mensaje político fue más amplio: el trámite será más largo y la ley no tendrá luz verde, como mínimo, hasta después de abril.
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