La secretaría de discapacidad manifiesta su preocupación por el proyecto del oficialismo de modificación de la ley de RUPE. A pesar de que los legisladores Martínez y Arcando (actual vicegobernador)  se habían comprometido a mantener reuniones con miembros de esta comisión (personas con discapacidad, familiares, etc) con el fin de analizar el proyecto de ley que proponen; sólo pudimos acceder al mismo un día antes de su  tratamiento en la Legislatura y no justamente porque se nos haya solicitado que realicemos aportes al mismo. No se ha consultado a las personas con discapacidad y esto se ve reflejado en el texto, sólo así se entiende que se prioricen recursos económicos por sobre derechos adquiridos.

Este proyecto parte del supuesto de “optimizar recursos escasos” favoreciendo a los que menos tienen; desconociendo un principio básico en la atención de las personas con discapacidad que es que muchas veces, el nivel y la cantidad de atenciones requeridas no pueden ser solventadas por una familia por más que haya otros ingresos.

Se intenta cambiar la ley modificando las condiciones de acceso a las pensiones, en principio las pensiones por vejez pero, dado la ambigüedad y la inconsistencia en la redacción,  deja abierta la posibilidad de modificarlas para las personas con discapacidad.

Otro de los retrocesos en cuanto a derechos se refiere, es que le quita responsabilidad al Estado de brindar la obra social a todos los pensionados. La nueva Obra Social de Tierra del Fuego, sólo otorgaría beneficios medico asistenciales a quienes no posean otra obra social o prepaga, contradiciendo la ley de obras sociales que habla de prestaciones compartidas. Lo más destacable es que aquellas personas que no tengan otra obra social, deberán aportar el 5% de su pensión para poder acceder a estos beneficios (lo cual le quita el carácter de pensión no contributiva además que vuelve a conculcar derechos en aquellas familias que ya cuentan con profesionales médicos de cabecera o que reparten la cobertura de las  prestaciones entre dos obras sociales)

Este proyecto dice abogar por el cumplimiento de la ley N° 876 (Ley Nacional N° 24901) que aún no está reglamentada pero que plantea las cobertura del 100% de las prestaciones devenidas de la discapacidad. También dice querer optimizar el uso de los recursos destinados a uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad…

RESTRINGIR LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA PENSIÓN E IMPONER APORTES PARA ACCEDER A LA SALUD SÓLO PUEDE  SIGNIFICAR QUITA DE DERECHOS