Autoridades de ciudades fronterizas de Santa Cruz expresaron su preocupación por la implementación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, que obliga a toda persona extranjera que ingrese a la Argentina a contar con un seguro médico internacional. La medida, en vigor desde el 1 de julio, alcanza a turistas, estudiantes, trabajadores y personas en tránsito, y exige además la presentación de una declaración jurada detallando el motivo del ingreso.
La normativa fue cuestionada por municipios santacruceños que mantienen vínculos diarios con localidades chilenas, especialmente en la zona cordillerana. Es el caso de Río Turbio, 28 de Noviembre, Río Gallegos y Los Antiguos, donde tanto vecinos como autoridades advierten que la medida genera un impacto negativo directo en la vida cotidiana.
El diputado por municipio de Río Turbio, Carlos Godoy, calificó la decisión como perjudicial y lamentó que haya sido tomada desde Buenos Aires “sin contemplar las particularidades de los territorios de frontera”. En conjunto con la concejal Patricia Neri, iniciaron gestiones ante el gobernador Claudio Vidal, legisladores nacionales y Cancillería, con el fin de lograr una revisión de la medida.
“Hablamos de comunidades binacionales con lazos profundos: familiares, laborales, comerciales, sanitarios y culturales. Aplicar este tipo de exigencias sin diferenciación alguna perjudica seriamente ese entramado social”, expresó Godoy.
Ambos representantes presentaron un proyecto de resolución en la Legislatura de Santa Cruz para rechazar formalmente el decreto y solicitar al Ejecutivo nacional una reconsideración del mismo. También enviaron una nota a Cancillería en la que manifestaron su “profunda preocupación por el impacto del DNU 366/2025”, poniendo el foco en los pasos fronterizos vecinales como “Dorotea–Mina 1” y “Casas Viejas–Laurita”, que conectan Río Turbio con Puerto Natales.
En el documento, se subraya que estos pasos no cumplen funciones turísticas o comerciales masivas, sino que constituyen una vía cotidiana de integración entre localidades cercanas que históricamente compartieron servicios, cultura y asistencia mutua.
“Entendemos que el decreto busca ordenar el ingreso de extranjeros, pero su aplicación sin contemplar excepciones geográficas ni sociales coloca en una situación injusta y riesgosa a quienes habitan y circulan a diario entre ambos países”, señala el escrito.
Por eso, solicitan que se reglamenten excepciones específicas para los pasos vecinales de la región. Además, pidieron al Gobernador Vidal y a las autoridades nacionales que intercedan ante la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior para que se modifique la aplicación del DNU en estos territorios de frontera.
“La unidad de quienes vivimos en esta región es fundamental para revertir esta medida, que consideramos injusta y dañina para nuestras comunidades”, concluyeron.
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