Un bloque de senadores nacionales de la Patagonia llevó al Congreso una iniciativa para revertir los cambios aplicados en la política de subsidios energéticos y volver al esquema anterior de asistencia estatal en el servicio de gas. La propuesta apunta especialmente a restituir la Tarifa Social Federal de Gas, eliminada en el marco de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

El proyecto plantea dejar sin efecto tres disposiciones que, según los legisladores, modificaron de manera profunda el acceso de los usuarios a los beneficios tarifarios: el Decreto 465/2024, el Decreto 943/2025 y la Resolución 101/2026 del ENARGAS. A criterio de los impulsores, estas medidas redujeron la cobertura de subsidios y provocaron un fuerte encarecimiento de los servicios públicos, con consecuencias directas sobre la economía de los hogares.

Entre los puntos centrales, la iniciativa propone restablecer el sistema de segmentación tarifaria fijado por el Decreto 332/2022, que ordenaba a los usuarios residenciales en tres niveles de ingresos —N1, N2 y N3— para determinar el alcance de la ayuda estatal. También busca reponer la Tarifa Social Federal de Gas y asegurar la continuidad del Programa Hogares con Garrafa, destinado a familias que no cuentan con conexión a la red de gas natural.

Los senadores cuestionaron además el funcionamiento del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, implementado por el Decreto 943/2025. Señalaron que este nuevo esquema redujo la clasificación de usuarios a solo dos grupos: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. En esa línea, remarcaron que el criterio actual deja afuera a numerosas familias que antes accedían a algún tipo de asistencia.

Otro de los ejes del planteo apunta al límite de consumo subsidiado que fija el nuevo régimen. De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la ayuda estatal solo cubre un “consumo base” considerado esencial, mientras que el excedente debe abonarse a tarifa plena. Para los representantes patagónicos, este punto resulta especialmente perjudicial en las provincias del sur, donde las bajas temperaturas obligan a un uso mucho más intensivo del gas durante buena parte del año.

En los argumentos presentados ante el Congreso, los legisladores sostuvieron que desde fines de 2023 las tarifas tuvieron incrementos muy por encima de la evolución de los ingresos. Según señalaron, la electricidad acumuló subas del 344% y el gas del 617%, mientras que la inflación fue del 171% y los salarios crecieron alrededor del 229%. A partir de esa diferencia, advirtieron que el peso de los servicios públicos dentro del presupuesto familiar aumentó de manera considerable.

Para los autores de la iniciativa, el acceso a la energía no puede quedar sujeto únicamente a criterios de mercado, sino que debe contemplarse como un derecho vinculado a la igualdad, la inclusión social y el desarrollo. En esa línea, insistieron en que las particularidades climáticas de la Patagonia exigen un sistema tarifario diferenciado, que permita a las familias calefaccionarse sin afrontar costos desmedidos.

Con ese enfoque, el proyecto busca reinstalar una política energética con mayor alcance social y con reglas que tengan en cuenta la realidad de las regiones frías, donde el gas no es un consumo accesorio, sino un recurso indispensable para la vida cotidiana.