A cuatro años del vencimiento del actual contrato de concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, previsto para agosto de 2030, comenzaron las gestiones vinculadas al futuro proceso licitatorio que definirá el funcionamiento del predio durante los próximos años.

En ese marco, el Gobierno Regional de Magallanes confirmó el inicio de conversaciones con la Subsecretaría de Hacienda de Chile para avanzar en la elaboración de las futuras bases de licitación. Entre los aspectos que se analizan figura la posibilidad de incorporar de manera expresa servicios médicos y de salud dentro del recinto, una propuesta que fue mencionada tras la inauguración de un nuevo centro médico en el sector.

Actualmente, la concesión está a cargo de la Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI), empresa que administra la Zona Franca bajo un contrato enfocado en operaciones comerciales, logísticas y de abastecimiento. El acuerdo vigente se mantendrá hasta agosto de 2030, mientras se trabaja en el diseño de un nuevo esquema contractual.

Paralelamente, el Consejo Regional de Magallanes comenzó a impulsar acciones vinculadas al seguimiento del funcionamiento del sistema. El consejero Arturo Díaz solicitó información sobre usuarios y clientes de la concesionaria, además de requerir antecedentes sobre el desarrollo del modelo actual en el marco del análisis previo a la futura licitación.

Desde la concesionaria, el gerente general de SRI, Eugenio Prieto, señaló que la empresa participará del proceso licitatorio conforme a las definiciones que adopten las autoridades regionales y nacionales. Asimismo, indicó que la firma continuará con planes de expansión mientras permanezca vigente el contrato actual.

Según detalló el ejecutivo, entre los proyectos previstos figuran la habilitación de siete nuevos locales comerciales, la disponibilidad de aproximadamente 28 mil metros cuadrados urbanizados para futuras construcciones y otros 8 mil metros cuadrados comprometidos para nuevos servicios.

El proceso de licitación requerirá la participación tanto del Gobierno Regional de Magallanes como del Ministerio de Hacienda chileno, organismo que tendrá intervención en la definición de las condiciones y bases del futuro contrato para la Zona Franca de Punta Arenas.