El subsecretario de Salud del Municipio de Río Grande, Agustín Pérez, expresó su preocupación por la situación financiera que atraviesa el sistema sanitario local y señaló que los recortes en programas nacionales y la ausencia de un convenio con la obra social estatal provincial están generando un impacto directo en la atención de los vecinos.

El funcionario explicó que la red de salud municipal continúa garantizando el acceso universal mediante quince dispositivos distribuidos en la ciudad. Sin embargo, advirtió que la reducción de recursos compromete la capacidad del sistema. En ese sentido, sostuvo que «la falta de financiamiento y el ajuste en programas nacionales terminan impactando directamente en la salud de la población”.

De acuerdo a los datos que brindó, alrededor del 40% de quienes se atienden en los centros de salud municipales no cuentan con cobertura médica y acceden a la atención mediante el Plan Sumar, un programa nacional que permite al Municipio recuperar parte de los gastos. El resto de los pacientes tiene diferentes obras sociales, aunque la mayoría está afiliada a la Obra Social del Estado Fueguino, con la que actualmente no existe un acuerdo vigente.

“El acuerdo existía previamente pero no fue renovado en 2019″. Venimos reclamando desde el inicio de la gestión de Martín, hemos tenido reuniones pero nunca se llegó a buen puerto”, sostuvo Pérez. Según remarcó, esta situación termina afectando directamente a la comunidad: “Esto no es un perjuicio para la gestión, es para los vecinos que aportaron toda su vida”.

A pesar del contexto, el subsecretario destacó la capacidad de respuesta que mantiene el sistema sanitario municipal. Durante el último año se registraron cerca de 280 mil prestaciones a través de cuatro centros de salud, el laboratorio propio, dispositivos vinculados a infancia y salud mental, y el Centro de Abordaje Integral en Adicciones, que en su primer año de funcionamiento superó las diez mil intervenciones.

No obstante, Pérez advirtió que los recortes en políticas sanitarias nacionales ya comienzan a reflejarse en indicadores concretos. “Somos la segunda provincia con más casos de sífilis. Río Grande tiene más casos que Ushuaia y hablamos de una enfermedad prevenible y de fácil diagnóstico”, señaló. En esa línea, vinculó la situación con la reducción de campañas de prevención y la escasez de insumos. “Hace años que no vemos campañas masivas de prevención en medios. Eso tiene consecuencias”, sostuvo.

Otro de los puntos que remarcó fue el impacto de la crisis económica en la salud mental de la población. Según explicó, los equipos municipales registran cada vez más consultas relacionadas con ansiedad, insomnio y depresión, muchas de ellas asociadas a la pérdida del empleo. “Se perdieron casi diez mil puestos de trabajo, es una enormidad para una ciudad como Río Grande”, advirtió. Y agregó: “El trabajo no es solo ingreso, es proyecto de vida. Cuando eso se cae, se resiente todo el entramado emocional”.

En cuanto al funcionamiento del sistema sanitario en la ciudad, Pérez planteó la necesidad de sostener la articulación entre el sector público y el privado, especialmente en un contexto donde la medicina requiere cada vez mayor tecnología. Sin embargo, enfatizó que el rol del Estado sigue siendo clave para asegurar que la población pueda acceder a la atención.

Por último, el funcionario aseguró que el Municipio continuará sosteniendo los servicios de salud pese a las dificultades presupuestarias. “No hemos cortado ningún servicio y no lo vamos a hacer”, afirmó. Al mismo tiempo, dejó una advertencia sobre el escenario general: “Las decisiones macroeconómicas repercuten directamente en el cuerpo de las personas. La salud no es una variable de ajuste”.