El puerto Caleta La Misión quedó marcado en la historia de Tierra del Fuego como una de las obras públicas más anunciadas, modificadas y postergadas. Lo que comenzó durante la gestión de José Arturo Estabillo como un proyecto estratégico para la provincia terminó transformándose en un símbolo de promesas incumplidas, sobrecostos y decisiones políticas cuestionadas.

El contrato original fue firmado entre el Gobierno provincial y la Unión Transitoria de Empresas Ormas–Concic para construir la terminal portuaria. La adjudicación se justificó en una oferta de 37.269.000 pesos, más baja que las propuestas de otros competidores. Sin embargo, aquella supuesta ventaja económica duró poco: en octubre de 1998 el monto trepó a casi 49 millones de pesos y se autorizó un anticipo del 10% para la empresa.

La cifra volvió a incrementarse meses después, cuando el costo de la obra pasó a 62 millones de pesos. Antes de finalizar su mandato, Estabillo dispuso la paralización de los trabajos por falta de fondos y reconoció una deuda cercana a los 18 millones de pesos en concepto de gastos improductivos.

Con la llegada de Carlos Manfredotti al Gobierno, la iniciativa fue relanzada bajo el nombre de “Nuevo Puerto”. La obra fue presentada como una apuesta de gran escala, con una estimación que ya alcanzaba los 300 millones de pesos, aunque todavía no existía un proyecto definitivo que respaldara ese cálculo.

En ese contexto, la Legislatura aprobó la Ley 397, que fijaba un límite de 63 millones de pesos. Pero la ampliación contractual elevó el monto a 66 millones de pesos y agregó otros 43 millones de dólares, con cláusulas sujetas a futuros ajustes provinciales o nacionales. En la práctica, se avalaba una modificación contractual antes de conocer en detalle sus condiciones.

En febrero de 2001 se homologó un nuevo convenio con la UTE, llevando el valor de la obra a 88.145.550 pesos. Años más tarde, en octubre de 2010, la gobernadora Fabiana Ríos intentó reactivar el proyecto mediante una carta de intención firmada con Piedrabuena S.A., el consorcio francés IFEFI y la UTE Ormas–Andrade Gutiérrez.

La nueva etapa contemplaba otorgar a las empresas la concesión de la explotación del puerto por 40 años y dejar sin efecto el reclamo por gastos improductivos. El financiamiento sería canalizado a través del Fideicomiso Austral, pero el presupuesto para concluir la obra ya se ubicaba en 183 millones de dólares.

Ese monto fue observado por el Tribunal de Cuentas y finalmente rechazado por la Legislatura. Así, Caleta La Misión volvió a quedar detenido, acumulando anuncios, expedientes y cifras millonarias, pero sin convertirse en el puerto que tantas veces se prometió.