El día de ayer, tras concretarse la primera reunión para una audiencia conciliatoria entre los damnificados de los créditos UVA y el Banco Tierra del Fuego, el Dr. Cristian Rubio, detalló que una de las respuestas momentáneas que han recibido los 56 damnificados que se hicieron presentes, es la revisión individual de los contratos y esta deberá ser en un lapso de 20 días.

Mediante una comunicación con FM La Isla, el Dr. Rubio explicó en primer lugar que “esta audiencia de conciliación la prevé nuestro sistema como en primer acto de cualquier juicio o proceso de esta naturaleza. Se invita a las partes para una conciliación y si no es posible, el juez directamente abre la causa a una prueba”.

En este sentido, detalló que “se realizó esta audiencia, si bien no hubo una propuesta concreta, lo que se determino es que se habilitará un plazo de 20 días para la revisión individual de cada uno de los casos”.

Debido a esta falta de propuesta, recalcó que es lo señaló el BTF en esta audiencia “fueron muy claros en aclarar que, independientemente de la voluntad en trabajar en esta problemática, el banco se encuentra sujeto a una normativa nacional del Banco Central y, por lo tanto, no pueden apartarse de ello y están esperando una instrucción desde este Banco para poder apartarse de esta normativa”.

De igual forma, recalcó que “lo positivo de todo esto es que se estableció un plazo para revisión individual de cada caso independientemente del curso del proceso, por ende, va a seguir el juicio”, agregando que “pero la justicia al ordenar este plazo para hacer un análisis, en el caso que no se llegue a ningún acuerdo o conciliación, vamos a tener que derivar un informe indicando los motivos o circunstancias por las cuales no se puedo materializar ningún acuerdo”.

Por lo cual, enfatizó en cómo fue tomada esta leve propuesta o solución momentánea “la gente se fue muy satisfecha por esto, al menos se logró abrir esta instancia y ahora deberá seguir el curso normal del proceso. Fueron una total de 56 los damnificados que se hicieron presentes”.

Asimismo, hizo hincapié en situaciones similares que sucedieron a nivel nacional a lo largo del tiempo y remarcó que “después de la famosa Circular Nº 1050, se dictaron normas que prohibieron la indexación de precios. En la norma Nº23928 que es la Ley de Convertibilidad, estableció la prohibición expresa de indexar deudas de dinero”.

En torno a esto, manifestó que “tenemos ya una doctrina de prohibición a indexar en razón a la continua inestabilidad política y económica que tenemos en nuestro país porque estos procesos inflacionarios no son nuevos, ya tenemos antecedentes de estas situaciones y contamos con las herramientas legislativas. Ante esta falta de respuesta a la gente no le quedó otra vía que acudir a la justicia y pedir la revisión de los contratos”.

“Cuando se lanzaron estos créditos eran de dos dígitos reduciéndose a uno, y hoy estamos en tres. Es imposible que los salarios les alcancen o acompañen el aumento que han tenido estos créditos. Las personas pagan porque se les descuenta automáticamente y hay casos en que se les descuenta en 100% del haber, y la mayoría son gente trabajadora que solo quería tener su techo”, sostuvo.